Edición completamente actualizada y puesta al día de uno de sus títulos de referencia para el abogado. Gracias a los acuerdos suscritos con 17 Colegios, los profesionales adscritos a ellos tienen la oportunidad de poder adquirir esta obra en oferta de prepublicación a un precio excepcional.

Medidas urgentes para la simplificación del subsidio por desempleo, modificación del permiso de lactancia, regulación de la negociación colectiva asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras, la actualización del sistema de representación de las personas trabajadoras del sector artístico y con la inclusión en el ámbito de las Administración de fórmulas flexibles de empleo como ejercicio efectivo del derecho a la conciliación respecto de los cuidadores.

El presente estudio analiza los supuestos de inactividad de la Administración en general que aunque debiera resolver en plazo por imperativo legal no siempre es así, de ahí a que se haya convertido en una práctica habitual el incumplimiento generalizado de la obligación de resolver y notificar dentro del plazo máximo establecido, lo que supone una gran inseguridad jurídica y la quiebra de los intereses económicos de los ciudadanos que lo que buscan con el inicio de procedimientos con la Administración, son resoluciones ágiles y motivadas en los plazos establecidos.

A la vista de la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2024, de 11 de marzo, se analiza la doctrina constitucional que exige suficiente motivación a la resolución en la que se revoque el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al condenado, y que haya sido condicionada al pago de la responsabilidad civil, ante el incumplimiento por aquél del abono de las cantidades, en el caso de que haya sido, además, declarado previa y judicialmente insolvente.

El necesario ajuste de las proposiciones presentadas por las entidades potencialmente contratistas o concesionarias en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos exige, inexorablemente, que dicha adecuación se plasme no solo en relación con el pliego de cláusulas administrativas particulares sino también con el denominado pliego de prescripciones técnicas que rige la concreta licitación. No obstante, tanto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como nuestro Alto Tribunal han venido a precisar dicha premisa, arrojando importantes matices al respecto.

Tras la controversia derivada de la publicación de una nota informativa por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que pretendía clarificar el tratamiento, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de la cesión de vehículos de uso mixto a empleados para fines particulares, los tribunales han delimitado qué criterios deben tenerse en cuenta de cara a la deducibilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado con motivo de la adquisición de dichos vehículos y a la posible obligación de repercutir el impuesto con motivo de su posterior cesión.

En este comentario se expondrán las líneas de actuación recomendables actualmente, así como aquellas cuestiones más ambiguas respecto de las que posiblemente haya mayor seguridad jurídica una vez el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.

La IA está experimentando una rápido avance que conduce al desarrollo que sistemas cada vez más capaces y autónomos que plantean cada vez mayores riesgos sociales. Abordarlos, requiere tanto medidas de desarrollo técnico como de gobernanza.

En contra de lo argumentado por el Abogado del Estado, cuando la ley obliga a las empresas a contar con un plan de igualdad, no se está transfiriendo una facultad de servicio público.

Los perros familiares, dada su naturaleza de seres vivos y la falta de prueba del modo de adquisición, se presumen privativos de la esposa.

La Sala aplica el principio de solidaridad pues no puede abandonarse a quien decidió vacunarse en beneficio propio y colectivo, siguiendo los consejos de la Administración.

El comité de empresa es un órgano colegiado que debe actuar unitariamente siguiendo las decisiones mayoritarias de sus miembros. Los derechos de información y consulta se reconocen en su vertiente colectiva.

No es posible exigir el IEDMT en aquellos supuestos en los que un residente en territorio español use puntualmente un vehículo matriculado en otro Estado, porque solo el uso habitual del mismo o la permanencia justifica la exacción del impuesto.

Vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción apreciar la inadecuación de la vía utilizada por el recurrente para reclamar, haciendo impracticable la tutela de sus derechos fundamentales, como también es erróneo afirmar que los dictámenes emitidos por los comités de la ONU no constituyen títulos ejecutivos que generen automáticamente el derecho a una indemnización.

La atribución en una ley de presupuestos generales vulnera sus límites materiales, ya que no forma parte de su contenido esencial ni encaja dentro del eventual, al no tener incidencia económica directa en los ingresos ni en los gastos.

El Tribunal Constitucional considera que los límites mínimos establecidos en el art. 17 bis de la LO 8/2007 incurren en una desproporción contraria al art. 25.1 CE, en relación con el art. 23.1, que garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, y con el art. 6, que define los partidos políticos como cauces de expresión del pluralismo político, de formación y manifestación de la voluntad popular e instrumento fundamental para la participación política.

Las causas de cese de la relación laboral del asesor fiscal pertenecen a la esfera empleado-empleador y no pueden trascender a terceros.

Se aprobaron cuatro Reales Decretos, implantando definitivamente el sistema dual, tanto en ciclos formativos de Grado Medio como de Grado Superior. Tambien se incorporan módulos vinculados a la digitalización, sostenibilidad, emprendimiento e inglés técnico.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto (publicado ayer en el BOE) para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea (UE) sobre la alimentación de animales de granja con determinados piensos de origen animal.

Uno de los preceptos declarados inconstitucionales es el art. 16, que establece el régimen de la vivienda protegida, porque tiene un nivel de detalle excesivo y por establecer un régimen de aplicación supletoria. La sentencia aún no ha sido publicada.

• • La norma ha sido acordada con CERMI, el colectivo más representativo del sector.
• • Las empresas deberán hacer los ajustes razonables que permitan a las personas que acceden a la situación de discapacidad después de iniciar su actividad profesional.
• • La extinción del despido automático en los casos en que la persona trabajadora accede a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez cumple con las propuestas del Libro blanco sobre empleo y discapacidad.
• • Las empresas no podrán decidir unilateralmente la continuidad de una relación laboral en caso de incapacidad de la persona empleada.
• • La norma también especifica los criterios para determinar qué costes son asumibles por las empresas.

La cuantía del subsidio por desempleo se eleva desde los 480 euros a 570 euros mensuales durante los seis primeros meses de percepción.