Como anticipo del «III Encuentro Mujeres por Derecho» que la Fundación Aranzadi LA LEY celebrará en Madrid el próximo 11 de junio, esta entidad ha reunido a un grupo diverso de abogadas españolas para valorar el estado de algunas cuestiones pendientes de solución en el mundo del Derecho relacionadas con la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la carrera profesional.

Cuando se van a cumplir dos años y medio desde la expiración del plazo que concedía la Directiva para dar atender sus exigencias, en nuestro país la creación de estas autoridades aún está pendiente, tanto a nivel estatal, como en la mayor parte de las comunidades autónomas, con algunas excepciones, como Castilla y León.

Se trata de un pronunciamiento del Tribunal Supremo que sitúa el mecanismo de autorización excepcional para la dispensación o utilización determinados medicamentos que son de uso restringido en el ámbito de la competencia estatal y no de las correspondientes Comunidades Autónomas pero con la característica de admitirse que el trasfondo de una cuestión puramente administrativa y de legalidad ordinaria como es planteado se puede resolver mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales al entender que la decisión administrativa afecta a la integridad física y tiene amparo, por tanto, en el artículo 15 de la Constitución Española

En este artículo se pone de relieve la discordancia entre la regla del art. 131.4 CP y el criterio jurisprudencial que le sirve de base y se exponen las facilidades y escollos para el encaje del concepto de «conexión natural» en los diferentes supuestos de concurso de infracciones y conexidad delictiva. Se propone una delimitación que impida la aplicación automática de la regla en su extensión literal, manteniendo así presente que su razón de ser es la persistencia de los fundamentos de la prescripción pese al transcurso del tiempo.

La sentencia del TS de 21 de febrero de 2024 tiene incuestionable relevancia ya que determina si ha prescrito el derecho del demandante al complemento de maternidad por aportación demográfica sobre su pensión de jubilación.

La jornada tendrá lugar el próximo 30 de en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y también podrá seguirse vía Teams.

En la denuncia se ofreció una información sesgada y parcial sobre los hechos, de modo que el marido no solo fue absuelto, sino que también se condenó en costas a la esposa, denunciante constituida en acusación particular, por temeridad y mala fe.

Los propietarios son los únicos que pueden participar en la Junta y votar los acuerdos y solo los propietarios disidentes, en cuanto titulares de la relación jurídica, cuentan con legitimación para impugnar los acuerdos adoptados por la macrocomunidad.

La concesionaria tenía acreditados todos los centros pero no para todo tipo de inspecciones y tipos de vehículos y no obtuvo las acreditaciones hasta pasados 60 días desde la fecha en que debía haberla obtenido, no por dilaciones injustificadas de la Administración, sino por la existencia de desviaciones que precisaron medidas correctoras tras un primer informe de auditoría.

La circunstancia de que se dictara el sobreseimiento y luego la reapertura de la causa no puede, por sí mismo, conllevar la cuasiprescripción. No hay por parte de la víctima una utilización de "los tiempos del procedimiento" para utilizarlos extrajudicialmente, bien para hacer daño al acusado, bien para obtener beneficios u otros mecanismos que hagan un "uso indebido" del proceso penal a los personales intereses de un denunciante. La atenuante exige de una "instrumentalización" del proceso penal en perjuicio del acusado y en beneficio de la víctima para obtener una serie de ventajas del tipo que sean, circunstancias que no concurren en el presente caso

Siguiendo la estela de una sentencia del TEDH se insiste en que, si existe buena fe del trabajador en la comunicación de todos los datos, no se le puede exigir a posteriori el reembolso de todo lo cobrado indebidamente porque es una carga excesiva.

Así sucede en el caso que examina el TEAC en el que la cesión de los derechos de autor y la percepción de los derechos por las entidades cesionarias tuvieron como objetivo poner fuera del alcance de la acción de cobro de la Administración tributaria tales bienes, con el vaciamiento patrimonial del deudor y con independencia de que este deudor pudiera detentar otra serie de bienes, algunos de ellos de difícil realización.

Aunque el objeto del contrato pretenda dotar la infraestructura necesaria para poder dar entrada a los documentos electrónicos, tal y como requiere la Ley Hipotecaria, y el Ministerio tenga poder para controlar la correcta ejecución de tal requerimiento, no por ello el Colegio ostenta la naturaleza de poder adjudicador.

El Consejo ha dado su aprobación final a un nuevo Código de Fronteras Schengen, el código normativo de la UE que se ocupa de la gestión de las fronteras interiores y exteriores, así como de las normas que rigen el control fronterizo de las personas que cruzan las fronteras exteriores de la UE.

El Consejo ha adoptado formalmente la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. Este es el último paso en el procedimiento de toma de decisiones.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 29 de mayo e irá precedida de un coloquio sobre el impacto que en las firmas puede tener el integrar en su partnership a socios no abogados

Según un informe elaborado por una empresa norteamericana del sector, los abogados siguen siendo cautelosos ante la implantación de esta tecnología, pero sus clientes consideran que su uso puede permitirles ofrecer mejores servicios y mejorar su posicionamiento en el mercado.

La Sala Militar rechaza el recurso del guardia y considera proporcionada la sanción disciplinaria impuesta, que es la más gravosa prevista en el ordenamiento.

La legislación española establece condiciones restrictivas para las escisiones totales de sociedades que no están previstas en la Directiva sobre fusiones.

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a un árbitro de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) frente a Hacienda al concluir que debe tributar el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) como "trabajador autónomo que organiza su actividad de arbitraje, como rendimientos íntegros por actividades económicas".