Tras el revuelo causado por la declaraciones de José María Bonmatí, director general de AECOC, imputando unos costes de 2.000 millones de euros a la prohibición de la carga y descarga, la propia asociación de cargadores ha emitido esta mañana un comunicado en el que precisa que "la prohibición de que el servicio de carga y descarga pueda ser realizado por los transportistas no supondrá un ahorro para los cargadores, sino una importante pérdida de eficiencia para el conjunto de la cadena de transporte que tendrá, entre otros, el impacto económico" de los citados 2.000 millones.

La Policía Nacional investiga una trama compuesta por cinco personas pertenecientes al Centro Portuario de Empleo (CPE) del Puerto de Algeciras, entre ellas su director, que habrían defraudado, en menos de año y medio, casi 500.000 euros al sistema nacional de la Seguridad Social mediante facturación de accidentes de trabajo falsos que repercutían sobre la mutua FREMAP, según ha confirmado la Policía Nacional de Cádiz a Diario del Puerto.