Esta alianza contempla la puesta en marcha de iniciativas conjuntas en materia de formación, edición de contenidos especializados, patrocinios y proyectos de divulgación.

La posibilidad de aplicar la agravante de reincidencia o multirreincidencia, incluida la específica, reclama una especial atención a los criterios de cómputo de los antecedentes penales, sin que queda la renuncia a soluciones legislativas ni principios jurisprudencialmente asumidos para buscar soluciones puntuales. La STS 329/25 de 9 de abril atiende a nuevos criterios para la identificación del dies a quo en caso de pluralidad de condenas, abandona implícitamente la imposibilidad de integrar los hechos probados con la fundamentación jurídica en perjuicio del reo y olvida la solución dada a la relación entre el artículo 234.2 y 235.1 séptimo en su inmediatamente anterior STS 166/25 de 27 de febrero.

Partiendo del caso del Sr. House, condenado por tráfico de drogas y cuya defensa se basó en la violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. por videovigilancia sin orden judicial frente a su domicilio, se analiza la «Teoría del Mosaico» en el derecho norteamericano, destacando los casos de Antoine Jones y Carpenter contra Estados Unidos, donde se cuestiona la expectativa razonable de privacidad frente a vigilancia prolongada. La jurisprudencia norteamericana se compara con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también consideran la intensidad de la injerencia en la privacidad. Por último, se examina la influencia de dicha doctrina en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

El artículo analiza la sentencia del Tribunal Supremo sobre la incidencia de los «días-cuota» derivados de cotizaciones por pagas extraordinarias en la incapacidad permanente. La doctrina considera que estos días cuentan para el periodo mínimo de cotización exigido, pero no afectan la base reguladora ni el porcentaje aplicable por años de cotización, para evitar duplicidades. Se detalla cómo las leyes anteriores y la Ley 40/2007 han influido en la interpretación jurídica. Finalmente, el Tribunal establece que los «días-cuota» solo son válidos para el cómputo del periodo de carencia en incapacidad permanente, pero no para jubilación ni bases regulatorias.

El Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, es una herramienta esencial para fortalecer la transparencia y mejorar la relación entre la Administración de Justicia y la ciudadanía. Este documento regula la comunicación judicial, integrando principios de publicidad procesal, protección de derechos fundamentales y adaptación a la era digital. A través de las Oficinas de Comunicación, se busca garantizar información clara, objetiva y respetuosa de la intimidad de las partes, equilibrando el acceso público con la protección de datos personales. El Protocolo aborda la gestión informativa en distintas fases del proceso judicial, combatiendo filtraciones y juicios paralelos, y establece directrices específicas para la interacción con los medios, incluida la regulación del acceso audiovisual. Su impacto ha transformado la percepción pública del sistema judicial, reforzando la confianza en sus operadores y promoviendo una pedagogía democrática. Además, plantea desafíos futuros en la digitalización y propone un modelo replicable para fortalecer la legitimidad judicial en contextos internacionales.

El reciente Real Decreto 253/2025 de 1 de abril ha incrementado notablemente el alcance de la obligación de informar sobre las cuentas, operaciones y activos financieros.

En este trabajo se recogen distintas novedades que comenzarán a aplicarse a partir de 2026, entre las que cabe destacar la obligación de informar acerca de la titularidad real de las cuentas, los pagos asociados a teléfonos móviles o las operaciones con todo tipo de tarjetas.

Plantear las instrucciones con precisión puede ser la clave para que obtengas respuestas más eficientes de la inteligencia artificial.

La póliza no cubre el siniestro porque el fallecido no tenía la consideración de conductor porque no manejaba los mandos del vehículo.

Debe primar el derecho de los interesados a conocer la identidad de los denunciantes para garantizar su derecho de defensa frente a la gravedad de unas acusaciones que no pudieron confirmarse oficialmente y que podrían obedecer a móviles espurios, enemistad o animadversión.

La empresa, de forma unilateral y sin previa comunicación, ha reducido de hecho la plantilla de mecánicos y guardas de noche, destinando a un mecánico y a un guarda a realizar funciones de conductor-perceptor en un autobús.

El contenido originario de la oferta no puede modificarse o ampliarse por vía de aclaración.

Carácter eminentemente técnico de la cuestión, no pudiendo el tribunal suplir con criterios jurídicos la prevalencia del informe técnico.

Las recientes noticias sobre las políticas antiinclusivas de la Administración Trump, que también están afectando a las empresas del sector legal son buen motivo para hacer una reflexión sobre como la diversidad no es , o no debe ser, una pose o un elemento más de un catálogo de buenas prácticas, sino más bien al contrario, una poderosa herramienta para fortalecer la reputación de las firmas y acercarlas a sus clientes. Cuanto más integrado esté un despacho con su mercado, más fácil lo tendrá.

El objetivo es el de proteger y garantizar la capacidad potencial del hijo de menor de autodeterminarse en relación con el hecho religioso una vez alcance la madurez suficiente. Interés éste y objetivo que puede alcanzarse con las proporcionadas decisiones judiciales, cuya impugnación en amparo se desestima.

La entrada en vigor de la Ley 1/2025 obliga a aplicar diferentes normas según la fecha de demanda. El nuevo marco legal complica la tramitación procesal y exige máxima precisión técnica.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado este jueves que impugnará ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en actividades penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres por suponer "uno de los mayores retrocesos en materia sindical y de jubilación de los últimos años".

Acusan a Trabajo de ofrecer una realidad "sesgada" sobre el impacto en algunos sectores de esta medida. Han advertido que producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser "muy difícil o, en muchos casos, imposible" si se quiere mantener la viabilidad de las empresas y las plantillas.

Según el informe de AEA, las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas, sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. En cinco ciudades españolas ha subido este año el impuesto de circulación, que baja en Castellón, Córdoba y Huesca.

Según ha dicho, es porque está a la espera de que el Gobierno autonómico le envíe cierta documentación, por lo que "no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida". Canarias le acusa de intentar "dilatar" la ejecución de la orden que le dio el tribunal para hacerse cargo de los menores.