Abogacía Española

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viernes, 13 de enero de 2023

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El 1 de enero entró por fin en vigor el libro Tercero de la Ley Concursal, que ha puesto en marcha el procedimiento especial para microempresas. Hasta la fecha se han creado ya 702, según datos del Ministerio de Justicia. Para dar a conocer cómo se usa la plataforma telemática para tramitarlos el Consejo General de la Abogacía organizó el lunes una sesión formativa de carácter práctico, en la que intervino Javier Hernández Díez, subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales del Ministerio. Dicha sesión puede verse aquí. Y además en la próxima Conferencia de los Lunes también se abordarán los aspectos más destacados de la reforma concursal. 

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Este año debería aprobarse la Ley orgánica integral contra la trata y la explotación. La abogada Isabel Diez explica en este artículo sus aciertos y señala posibles puntos de mejora. Además de esta norma en 2023 podrían ver la luz otras leyes fundamentales para la Abogacía, como la del Derecho de Defensa o las de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. 

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Con su relato “Ley y Orden”, la auxiliar de clínica veterinaria de 26 años ha conseguido el galardón anual del certamen organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía, dotado con 3.000 euros. Esta obra fue elegida entre las más de 9.500 que han participado en esta edición de 2022.

Estos galardones reconocen la labor contra la discriminación de género de personas o entidades relacionadas con el ejercicio de la abogacía. El plazo de presentación está abierto hasta el 16 de enero. Manda tu propuesta de forma telemática a la Presidencia del Consejo. El año pasado las premiadas fueron la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano, la abogada mexicana Leticia Bonifaz y Ascensión Chirivella, primera mujer colegiada en España.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado esta sentencia en la que también obliga a la empresa a readmitir e indemnizar al trabajador con 7.000 euros por daños morales. El fallo incide en que no existía una normativa vigente en ese momento en la que se exigiera la necesidad de la vacunación para acceder a ninguna instalación y que ninguna norma impone la vacunación. 

El Tribunal Supremo considera que sufría la enfermedad con tal intensidad que no estaba en condiciones de comunicar a sus superiores que no podía ir a trabajar. Y señala que el estudio del trastorno del periodista revela la existencia de una pérdida de funcionalidad en la vida diaria que puede llegar a limitar la capacidad de tomar decisiones.

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