La suspensin de la actividad comercial no esencial motivada por la Covid-19 ha generado una importante problemtica en relacin con el pago de las rentas en contratos de alquiler de locales de negocio por parte de aquellos arrendatarios que se han visto obligados al cierre de sus establecimientos comerciales durante la vigencia del estado de alarma. Aquellos arrendatarios a quienes no les ha sido posible llegar a un acuerdo con el arrendador para revisar el importe de la renta pactada, estn presentando demandas judiciales ante nuestros Tribunales de Justicia con las que pretenden, con fundamento en la doctrina de la clusula rebus sic stantibus (i) el aplazamiento o la reduccin de sus rentas y (ii) el aseguramiento de esa peticin mediante la adopcin de medidas cautelares de diversa ndole. La solicitud de medidas cautelares ha propiciado que se hayan publicado, en los ltimos meses, las primeras resoluciones judiciales que han analizado la procedencia de aplicar la c lusula rebus sic stantibus fruto de la crisis originada por la Covid-19 con respecto de contratos de arrendamiento de negocios, resoluciones que sern analizadas en el presente documento.

La Teora General del Delito se ha ocupado tradicionalmente del estudio completo de los tipos penales mediante la exgesis de los mismos. En particular, alcanzan especial relevancia por su dificultad los controvertidos elementos subjetivos del injusto. Su anlisis en Derecho Penal ha hecho correr ros de tinta, resultando interesante trasladar su debate al mbito penal militar mediante la valoracin de los delitos militares. Esta publicacin se centrar en la investigacin del artculo 35 del Cdigo Penal Militar, comprendido en el Captulo VII, del Ttulo I, Libro II.

La STC 85/2019 est siendo invocada para reducir considerablemente el mdulo de indemnizacin en determinados supuestos de prisin provisional desde los ciento veinticinco euros, conforme a una prctica jurisdiccional ya consolidada, a slo veinticinco o cincuenta. En tal sentido van las nuevas propuestas ministeriales, aceptadas despus en los correspondientes dictmenes del Consejo de Estado. La cuestin bien merece un examen crtico tanto por su importancia desde el ngulo jurdico como por su notable incidencia en las arcas de la Administracin del Estado. Una correlacin que quiz explique el deseo de disminuir el importe del mdulo indemnizatorio, pero que no por ello justificara las consecuencias que en esta materia pudieran extraerse del nuevo texto del repetido apartado 1 del artculo 294 LOPJ, nico afectado por la reforma constitucional.

Como principio general, la cosa juzgada material impide que quien fue enjuiciado, y como consecuencia, condenado o absuelto por unos determinados hechos, pueda volver a ser enjuiciado por esos mismos hechos. El denominado recurso de revisin frente a las sentencias penales firmes previsto en artculos 954 a 961 LECrim (del que conoce la Sala Segunda del Tribunal Supremo) es una excepcin a esta regla general que tiene su fundamento en la necesidad de ajustar el proceso a la justicia como valor constitucional. Por la naturaleza extraordinaria de este recurso, la enumeracin legal de los motivos de rescisin de las sentencias penales firmes es taxativa y cerrada.

La polmica prescripcin del delito fiscal y las facultades de investigacin de la hacienda pblica.

A priori no es discriminatorio porque la situacin de una mujer que ha dado a luz o est en periodo de lactancia no es la misma que la de un varn.

Altera por completo una norma clara e indiscutida del sistema llamado a refundir regulando de manera contraria a la norma vigente los efectos de la exoneracin.

El Tribunal Supremo da respuesta a la cuestin de inters casacional planteada, sobre si los funcionarios que se encuentran en la situacin de servicio en otras Administraciones Pblicas tienen derecho a participar por el turno de promocin interna en los procesos selectivos convocados por su Administracin de origen sin necesidad de solicitar el reingreso en la misma.

La Directiva no menciona, a efectos de calcular el nmero de despidos que se han producido, ningn lmite temporal exclusivamente anterior o posterior al despido individual impugnado, slo que sean das consecutivos.

El Pleno del Tribunal desestima la mayora de las impugnaciones realizadas contra la llamada “Ley Mordaza”, avalando as el retorno de los migrantes ilegales que entran a Espaa por Ceuta y Melilla -siempre que se respeten las garantas legales-, los cacheos integrales y las sanciones por perturbar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. Declara en cambio inconstitucional la necesidad de autorizacin para el uso de imgenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El latn y sus intrincadas declinaciones se est perdiendo en las aulas juveniles, en la academia y en el foro. Este libro aspira, en su medida, a que ese grandioso patrimonio no se pierda y, con l, la base germinal de nuestra cultura jurdica.

Estudiar la normativa vigente y analizar las resoluciones judiciales son los dos objetivos del acuerdo

Sin embargo, las remite a los Juzgados ordinarios para que se investiguen la omisin de medidas de seguridad para sanitarios o policas, la contratacin de material fallido y las muertes de ancianos en las residencias

Los expertos recomiendan denunciarlo