La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 est dando lugar a una actuacin urgente e incisiva de los poderes pblicos en la esfera de los derechos fundamentales y libertades pblicas de los ciudadanos. La colisin de derechos tales como la libre circulacin o la integridad fsica obliga a una ponderacin difcil en la que es preciso valorar qu medidas restrictivas pueden acordarse, bajo qu cobertura jurdica y durante cunto tiempo. Sin embargo, el inadaptado ordenamiento de emergencia previo al coronavirus impide una reaccin eficaz en la intervencin administrativa frente a la pandemia; aspecto puesto de relieve por quienes en ltimo trmino han de controlar la legalidad de las decisiones sanitarias: nuestros Juzgados y Tribunales.

El Ministerio de Justicia en el proyecto de la denominada “Ley de eficiencia procesal” pretende la modificacin de la tradicional nica pero sucesiva convocatoria a los actos de conciliacin y juicio mediante la separacin temporal de stos de modo que coexista una agenda doble, es decir, una primera en la que se programen los actos de conciliacin ante el LAJ y una segunda en la que se detallen los actos de juicio ante el Magistrado. Una primera finalidad de dicha dualidad temporal residira, en fortalecer y potenciar la funcin conciliadora del LAJ. Una segunda finalidad de la medida sera adecuar la agenda de sealamientos ante el Magistrado, a efectos de la celebracin de los actos de juicio fijados, sea ms previsible y certera, facilitando una programacin de la agenda diaria que evitara disfunciones entre las horas sealadas y la duracin de los juicios. No parece que cambiar una prctica consolidada y que est dando buenos resultados sea el mejor modo de, coyun turalmente, mejorar el sistema.

La llegada del Covid-19 ha producido una gran incertidumbre en todos los rdenes. En el marco de los contratos de seguro ha sido causa de situaciones novedosas que parecen alterar las coordenadas dentro de las cuales se pactaron en su momento las diferentes coberturas de los riesgos. Bajo la accin de la pandemia Qu eventos son asegurables? Y qu consecuencias? Qu responsabilidades aseguradas se pueden ver ms afectadas? Qu coberturas estn ms expuestas a la pandemia? No existen reglas predeterminadas que permitan dar respuesta a la infinidad de preguntas que se plantean, ni recetas para resolver las situaciones especficas y tan imprevisibles que se van dando bajo cada pliza suscrita, por lo que habr de estarse a lo pactado en cada clausulado y al anlisis fctico de cada caso concreto.

En ste marco, un breve recordatorio de algunas pautas generales de interpretacin de los clausulados puede resultar orientativa para afrontar los posibles conflictos de cobertura de la manera ms adecuada posible.

Breve anlisis de la STS 1231/20, Sala de lo Contencioso, a propsito de la entrada (y consiguiente registro) domiciliaria hecha/os por la propia Administracin —Tributaria— para la ejecucin forzosa de los actos de la misma. Se hace necesario que el Legislador tome cartas en el asunto y establezca un marco legal adecuado en esta materia, haciendo suyas las directrices marcadas en la jurisprudencia para garantizar los derechos de los ciudadanos. La participacin —posible y deseable— de los Letrados de la Administracin de Justicia en los mismos, debe responder a los parmetros de la jurisdiccin penal.

Este artculo tiene como propsito constatar el valor aadido que aporta la Justicia Restaurativa a nuestra sociedad. Presentamos uno de los pilares sobre los que se sustenta la Justicia Restaurativa: la responsabilizacin de los hechos por parte del autor y la mirada emptica hacia su vctima. Somos testigos de que una transformacin esencial tiene lugar en el ser humano que ha cometido un delito y que transita por el proceso de Justicia Restaurativa propuesto por AMEE (Asociacin para la Mediacin, el Encuentro y la Escucha).

En este trabajo su autor aclara el malentendido de atribuir a la llamada Ley Cela la desaparicin de los Centros educativos especializados en personas con discapacidad, cuando solo se pretende su integracin en los Colegios educativos comunes, pero con apoyo de profesores especializados, en igualdad con las dems personas, y todo ello en obligado cumplimiento de lo que hace ms de diez aos viene exigiendo la Convencin de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en diciembre de 2006.

Mientras no recaiga una resolucin penal firme, no cabe aplicar en la jurisdiccin contable, y respecto de los mismos hechos, de manera total o parcial la prescripcin de la responsabilidad contable prevista con carcter general en la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La actuacin de la entidad bancaria no fue la exigible en un caso en el que era conocedora del error sufrido por el ordenante de la transferencia. Una actuacin mnimamente diligente hubiera exigido paralizar la cancelacin de los prstamos.

Es de plena aplicacin la legislacin de funcin pblica de la comunidad autnoma, pues no se est ante una situacin de ejecucin de transferencias autonmicas. El hecho de ser funcionaria de un cuerpo docente de mbito estatal que reingresa al servicio de la administracin autonmica no implica que pueda aplicarse una normativa estatal relativa, en el caso, al percibo de un complemento de puesto de trabajo.

Por ms que concurran circunstancias econmicas negativas acreditadas, no es razonable despedir a un empleado cuando acude a una empresa externa para suplir las bajas de otros compaeros.

El Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, que regula las ayudas a los arrendatarios de vivienda habitual establecidas con motivo de la pandemia. Entre otros aspectos suprime la exigencia de un acuerdo previo a la financiacin entre ministerio, comunidad autnoma y ayuntamiento; permite las ayudas a los jvenes no solo en municipios de menos de 5.000 habitantes sino tambin en ncleos con menos de esa poblacin y extiende el plazo de concesin de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2022 con carcter general.

El Real Decreto 1090/2020, de 9 de diciembre, dispone que todas las salas de exhibicin cinematogrfica debern cumplir con sus obligaciones de control de asistencia y declaracin de rendimientos con la concurrencia de las entidades denominadas Buzones y elimina la obligacin de conservacin de las entradas fsicas. Adems establece nuevos criterios para la identificacin de determinadas obras audiovisuales como “difciles” y un aumento del porcentaje sobre el coste reconocido de las obras audiovisuales que servir de lmite mximo de ayuda pblica a percibir.

Tendr lugar el 16 de diciembre a travs del canal de YouTube de la Universidad Carlos III de Madrid.

La CNMC ha incorporado los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como uno de los ejes prioritarios de su actuacin. La poltica de competencia contribuye a los ODS al estimular estrategias empresariales sostenibles. La CNMC considera que la competencia puede jugar un papel todava ms activo a favor de la sostenibilidad dentro del marco jurdico actual. Los objetivos de sostenibilidad no deben socavar la competencia efectiva ni crear distorsiones en el mercado interior.

El 45,9% prev un recorte adicional de sus ventas entre enero y marzo y la mayora no se atreve a decir cundo recuperar el nivel pre-pandemia