El «decomiso de patrimonio no explicado»: análisis de la figura introducida por la Directiva (UE) 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos

Anna Raga i Vives

Doctora en Derecho

El artículo examina la figura del decomiso de patrimonio de origen no justificado, incorporada en la Directiva (UE) 2024/1260, y su posible aplicación en España. Se analiza el estándar probatorio exigible, así como el impacto que esta figura puede tener sobre determinados derechos fundamentales. Todo ello en un contexto donde los mecanismos de privación de bienes de origen presuntamente ilícito no dejan de reforzarse, ampliando cada vez más los márgenes de intervención.

Validez de la cláusula de convenio concursal de levantamiento de embargos, incluso administrativos, pero no interpretación extensiva

Andrés Gutiérrez Gilsanz

Catedrático de Derecho Mercantil

El convenio concursal tiene eficacia novatoria sobre los créditos afectados por el mismo, lo que significa que tales créditos habrán de satisfacerse, una vez aprobado judicialmente el convenio, en la cuantía, en el plazo y en el modo previsto en su contenido.

Por eso tiene sentido que resulte válida la cláusula de un convenio concursal en la que se establezca que una vez que resulte eficaz el convenio deben quedar sin efecto los procedimientos y actuaciones pendientes que tiendan a lograr la satisfacción de los créditos, como es el caso de los embargos, debiendo los acreedores desistir de ellos y, en caso de no hacerlo, permitir al concursado instarlo forzosamente.

Sin embargo, tal cláusula no puede significar que los acreedores vinculados por el convenio deban desistir asimismo, una vez que el convenio devenga eficaz, de aquellos procedimientos, judiciales o arbitrales, relativos a la determinación de la validez, la exigibilidad, la cuantía, o incluso de la existencia misma, del crédito. Legalmente, en el supuesto de que existan créditos litigiosos, que en el concurso se consideran contingentes y que, aunque tienen suspendidos los derechos de adhesión, de voto y de cobro mientras no haya resolución que concluya el litigio que les afecte, pueden resultar vinculados por un convenio concursal, habrán de concluirse los procedimientos respectivos y, una vez concretados los créditos, estos se verán afectados por el contenido del convenio en cuanto a su satisfacción.

La jubilación de Francisco Marín Castán, la ley y la jurisprudencia

Diego Fierro Rodríguez

Letrado de la Administración de Justicia

Francisco Marín Castán, magistrado del Tribunal Supremo, deja, con su jubilación, un legado significativo en la judicatura española, caracterizado por su defensa de la justicia social, la independencia judicial y la protección de los derechos de los consumidores. Su trabajo en el Tribunal Supremo, especialmente en temas de derecho civil, lo convirtió en un referente de ética y responsabilidad en un contexto de tensiones políticas y sociales crecientes. Marín Castán supo integrar las exigencias del derecho europeo con la realidad española, adaptando sus decisiones para proteger a los sectores más vulnerables sin perder el rigor jurídico. Además, su compromiso con la imparcialidad y la autonomía del poder judicial lo consolidó como defensor de la separación de poderes frente a presiones externas.

Dies a quo del plazo de ejercicio de la acción por la que un excónyuge reclama al otro lo que pagó en exceso del préstamo contratado para la adquisición de la vivienda familiar

El plazo no pueda empezar a computarse sino a partir de la disolución del matrimonio o, en su caso, del momento en que tuvo lugar la separación de hecho definitiva. No es posible tomar como referencia la fecha en que se hicieron los respectivos pagos.

Efectos de la declaración de oficio de la nulidad por usurario de un micropréstamo en procedimiento de reclamación de cantidad en el que la prestataria está en rebeldía

Dado que, a pesar de la declaración de nulidad del préstamo, la prestamista sigue ostentando la condición de acreedora por una cantidad que debe recalcularse, la tutela judicial efectiva debe concretarse en la estimación parcial de la demanda, aunque pueda parecer contradictorio con la propia nulidad del contrato, pues la desestimación de plano por nulidad de oficio implicaría que la actora debiera promover un nuevo proceso declarativo para una cuantía que ya le reconoce el art. 3 LRU, lo que resultaría del todo incoherente.

Anulada la multa impuesta a la concesionaria de un comedor escolar tras detectar restos de material genético de insectos en un menú

Aunque los análisis de las muestras de comida confirman su presencia, no resultan acreditados los posibles efectos nocivos para la salud humana, como exige la infracción prevista en el clausulado del PCAP aplicada por la Administración.

Concesión de subsidio de desempleo mayores de 52 años a empleada de hogar denegado por falta de cotización, lo que no era posible debido a una normativa discriminatoria

Aunque efectivamente existe falta de cotización, esta carencia está justificada en la normativa nacional que excluía a las empleadas del hogar de la cotización por desempleo, y que ha sido declarada discriminatoria. Para restablecer la igualdad de trato, es necesario computar como cotizados los periodos anteriores a la entrada en vigor del RD-Ley 16/2022, en los que la beneficiaria estuvo de alta en el Sistema Especial del Hogar.

En el contrato de suministros de medicamentos, el precio unitario máximo no puede superar el precio de venta del laboratorio

El sistema de financiación pública de los precios de los medicamentos impide que el adjudicador fije un beneficio industrial -precio máximo- superior al establecido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La AEPD sanciona con 200.000€ a una empresa por filtrar datos de denunciantes y denunciados en un proceso de acoso laboral

Acuerdo de unificación de criterios de la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona

El pasado 12 de marzo de 2025 se celebró Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona en la que se adoptó acuerdo de unificación de criterios, relativo a la actividad negociadora como requisito de procedibilidad en determinados procedimientos, así como el cálculo de la cuantía en la acción de nulidad en caso de acumulación de acciones por usura, entre otros.

La lista de productos peligrosos notificada en Safety Gate 2024 de la Comisión marca el camino para una mayor protección del consumidor

La Comisión Europea ha presentado su informe anual sobre Safety Gate, el Sistema Europeo de Alerta Rápida para productos peligrosos no alimentarios. El informe presenta una visión general de los productos peligrosos notificados en Safety Gate en 2024.

Recurso de indemnización por daños contra Frontex: el Abogado General analiza la carga de la prueba en casos de expulsión colectiva

Señala que, si bien en el ámbito de la Unión no hay ninguna norma que regule el concepto de prueba, los órganos jurisdiccionales de la Unión han establecido un principio de libre práctica o de libertad de medios de prueba. Concluye que hay un hilo conductor sobre la inversión de la carga de la prueba, siempre que concurran determinados requisitos.

Ya disponible en LEGALTECA el número 93 de LEGAL MANAGEMENT (Abril 2025)

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY Legal Management, el nº 93, de abril de 2025, que incluye importantes novedades en materia de Gestión de Despachos, Profesionales de la Abogacía, Marketing Jurídico, Proceso Judicial, Turno de Oficio, Abogacía y Tribunales y Acceso a la Abogacía

El Supremo confirma una multa de 500 euros a una fiscal sancionada por un "retraso injustificado" en sus casos

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 500 euros impuesta a una fiscal de Cataluña por un "retraso injustificado" de casi dos años en varias causas que tenía asignadas en el área de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Avala la decisión del fiscal general de imponerle una sanción por "falta grave".

Diferenciar entre baremos y criterios orientativos es clave en la documentación que preparen los colegios de abogados

Los honorarios de los abogados deben fijarse libremente y los Colegios tienen prohibido cualquier baremo o recomendación al respecto.

La única excepción permitida por la Ley es elaborar criterios orientativos para la tasación de costas y de jura de cuentas.

El Colegio de Abogados de Alzira no incluye referencias susceptibles de contener baremos en el borrador de criterios que ha enviado a la CNMC.

Dos años de prisión para el exdirector de una sucursal bancaria por estafar 49.910 euros a una cliente de 89 años

El hombre la convenció para que le permitiese acceder a sus cuentas y usando la banca en línea realizó cuatro transferencias sin el consentimiento de la mujer. En cuanto recibió la denuncia, el acusado entregó 50.000 euros, por lo que se le reconoce la atenuante de reparación del daño.

La digitalización de los puertos españoles permitirá ahorrar más de 3.000 millones de euros a las empresas

Es una de las conclusiones recogidas en un último informe que aborda el impacto de la digitalización en los puertos marítimos, analizando los beneficios y los desafíos, así como el momento en el que se encuentra España en su camino hacia los puertos inteligentes.

El TSXG condena al Sergas a pagar 15.000 euros a una paciente por la implantación y retirada de un dispositivo Essure

La Sala destaca que la suscripción por escrito del consentimiento informado “no es una mera formalidad, sino una obligación legal de la que la Administración sanitaria ha prescindido”.

La penalización a contratos temporales de menos de 30 días sube hasta los 32,60 euros, un 4,4% más

No se aplica a los contratos celebrados con trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución, a los contratos para la formación y el aprendizaje ni a los contratos para la formación en alternancia.

Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal 7.ª edición (Julio Banacloche y Jesús Zarzalejos)

Todo el sistema procesal penal español, incorporando la reforma de la nueva Ley procesal del servicio público de la justicia, y la jurisprudencia del TS y del TC más importante sobre el proceso penal.