Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY y JusNet en Portugal, nos cuenta en esta entrevista cuál es la aplicación real a día de hoy de la Inteligencia Artificial en el mundo jurídico y que se puede esperar de ella en los próximos años. Además, nos da detalles de los desarrollos basados en esta tecnología que Aranzadi LA LEY ha puesto ya en el mercado y las nuevas líneas que se están explorando en la actualidad.

El presente artículo aborda la colisión entre la libertad de información y otros derechos fundamentales, destacando la veracidad como criterio esencial en la resolución de conflictos para diferenciarlo, en primer lugar, del derecho a la libertad de expresión y, especialmente, cuando se enfrenta a derechos personalísimos como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

A partir de las sentencias dictadas por el TJUE en fecha 25 de abril de 2024 resolviendo tanto la cuestión prejudicial del Tribunal Supremo como la planteada por el JPI n.^o 20 Barcelona sobre el dies a quo del plazo de las acciones restitutorias, se cierra la cuestión cuya solución ya se preveía con la STJUE de 25 de enero de 2024 (al resolver la cuestión prejudicial planteada por la Sección 15 de la AP Barcelona) sobre la posibilidad de plantear dicha fecha de inicio del plazo sobre la declaración judicial de nulidad y, por otro lado, la no admisión de la llamada solución jurisprudencial. Pero, sin solución de continuidad se abre un nuevo frente al admitir (con carga de la prueba de la entidad financiera) la posibilidad de iniciar dicho plazo antes de la resolución judicial cuando se determine que el consumidor conocía o razonablemente podía conocer el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. Me temo que se ha cerrado una batalla para empezar otra nueva, sobre todo en relación a la cognoscibilidad del carácter abusivo. No obstante, la doctrina de 25 de abril deja claro que tal conocimiento o posibilidad de conocimiento no es sobre el concepto tipo de la jurisprudencia sino sobre el concreto contrato y el concreto consumidor, con lo que se antoja complicada la prueba por la entidad financiera en la línea de acreditar que el consumidor concreto conocía o podía conocer la antijuridicidad de SU CLAUSULA concreta DE SU concreto CONTRATO.

Se analiza la disolución de la sociedades y la responsabilidad que adquieren los administradores sociales de la deudas nacidas después de la disolución

El ejercicio del derecho de reunión y manifestación puede verse limitado por otros derechos fundamentales, debiendo ejercer la autoridad gubernativa las facultades que le confiere la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de manera que concilie unos y otros cuando sea evidente el conflicto y el perjuicio que de otro modo se causará.

El envejecimiento de la población de la Unión Europea plantea un desafío importante en materia de cuidados de larga duración. Se precisan estrategias internacionales y políticas públicas que aborden las necesidades de una sociedad envejecida en las que el cuidado deje de ser entendido como un hecho individual, respuesta ante un estado de dependencia para alcanzar a la condición de derecho frente a la sociedad abarcando todos los servicios que apoyan la autonomía e independencia de las personas necesitadas de cuidados.

Los participantes de la Seúl AI Summit han suscrito la Declaración de Seúl para una IA segura, innovadora e inclusiva y una Declaración de intenciones para la cooperación internacional en ciencia de la seguridad de la IA. En paralelo, las grandes tecnológicas mundiales han suscrito los denominados Compromisos de seguridad para la IA más avanzada o de frontera.

Si el banco que recibe las cantidades anticipadas tiene la obligación de asegurarse de que se ingresen en una cuenta especial abierta por el promotor debidamente garantizada, y es responsable de su restitución a los compradores si no cumple esa obligación, la misma obligación y correlativa responsabilidad debe extenderse al banco que descuenta las letras de cambio mediante las que se articula el pago de las cantidades anticipadas, ingresa su importe en una cuenta del promotor y percibe posteriormente esas cantidades anticipadas al cobrar las letras.

Mediante el procedimiento de desahucio por precario no puede impedirse a quien posee una vivienda propiedad de otro con título suficiente que respalda dicha posesión que reciba en la misma a otros familiares tan próximos como un hermano o a su sobrino, ya habiten permanentemente en la misma, ya la visiten temporalmente.

El recurrente reclama una indemnización por la situación de exposición a riesgo vital, si bien no acredita un perjuicio real por la sobredosis de anticoagulante pautado.

En esta situación, debe darse acceso al recurso extraordinario de revisión a la segunda esposa por no haber sido llamada al litigio y por la ocultación de un documento decisivo que acuerda la extinción del derecho a la pensión compensatoria por divorcio, que condujo a la minoración de su pensión.

La Directiva 93/13/CEE se opone a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de los gastos que el consumidor ha abonado, en el momento de la celebración del contrato, en virtud de una cláusula declarada abusiva por sentencia firme dictada con posterioridad, comience a correr en la fecha de ese pago, con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula desde el momento del pago, o antes de que se declarara su nulidad.

El propietario de la vivienda podrá deducirse los gastos relativos a la amortización o financiación de la vivienda de los rendimientos que obtiene con motivo de la constitución del usufructo, pero no de la reducción prevista por el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda.

La UE con el llamado Reglamento de Reconocimiento establece normas reglamentarias que garanticen una armonización y mayor convergencia en las decisiones en materia de asilo y protección internacional para ofrecer un mayor grado de seguridad jurídica y transparencia. Su principal objetivo es asegurar que los Estados miembros apliquen criterios comunes para la identificación de personas auténticamente necesitadas de protección internacional y, asegurar que los beneficiarios de tal protección disponen de un conjunto común de derechos en todos los Estados miembros, así mismo debería contribuir a reducir los desplazamientos secundarios dentro Unión Europea.

La Unión Europea, mediante el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración, ha reaccionado ante la carga que las crisis migratorias suponen para los Estados miembros situados en primera línea y ha establecido un nuevo mecanismo de solidaridad. Se determina qué Estado miembro es responsable del examen de las solicitudes de protección internacional, lo que contribuirá a crear un sistema más equitativo de reparto de responsabilidades. Asimismo se incluyen medidas para evitar abusos por los solicitantes de asilo y desplazamientos secundarios. Serán los Estados miembros los que deben poner en marcha medidas nacionales para asegurarse de que son capaces de gestionar un sistema efectivo de asilo y migración que respete el Derecho de la UE.

La posibilidad de simultanear ambos estudios se opone a la Ley de acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, que exige estar en posesión del título de grado antes de inscribirse y realizar el Máster de acceso a la Abogacía, sin excepciones.

En concreto, podrán pedir el subsidio de paro las víctimas de violencia que no tengan derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, y que no hayan sido beneficiarias de tres derechos al programa de Renta Activa de Inserción, que estén inscritas como demandantes de empleo y que carezcan de rentas propias.

Un anteproyecto de ley transpone la Directiva de la UE sobre información corporativa en materia de sostenibilidad.

Pretende equiparar la relevancia de la información corporativa sobre sostenibilidad (información no financiera) a la información financiera.

El Ministerio de Trabajo prevé llegar a un acuerdo para la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario en el diálogo social entre el 30 y 31 de mayo, según han confirmado fuentes del departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Un completo inventario de esquemas procesales civiles, penales y concursales. Actualizado conforme a las reformas legales recientes y la inclusión de nuevos procesos, ofreciendo una representación gráfica detallada de los procedimientos y sus plazos.