El presente trabajo considera que la circunstancia que distingue la responsabilidad penal de las personas jurdicas de otros tipos de medidas reguladoras es que la pena afecta a la legitimacin de la empresa para cumplir con su funcin social. Esta orientacin tiene repercusiones en la estructura y el sentido de los programas de cumplimiento, que de un instrumento cercano a las tcnicas de control interno, pasan a situarse en un mbito ms cercano a la responsabilidad social corporativa. Igualmente, este fundamento confiere un significado propio a las penas, frente a otros incentivos o estrategias de regulacin. Por ello el trabajo propone una nueva generacin de sanciones, especficamente penales.

Un nmero importante de sociedades de capital encomiendan la administracin de su actividad a rganos colegiados. La atribucin de responsabilidad penal a los miembros de estos rganos por las decisiones adoptadas en su seno plantea dificultades notables, incluso cuando su intervencin en el hecho delictivo se produce mediante comisin activa. En este trabajo se analizan los principales problemas de causalidad, de delimitacin del deber y de determinacin del ttulo de imputacin que presentan este tipo de intervenciones activas en el delito.

El artculo aborda la estrecha relacin existente, por un lado, entre los efectos conferidos por los ordenamientos legales a la correcta implementacin de programas de prevencin y gestin de riesgos penales y la opcin por un modelo dogmtico de responsabilidad penal de las personas jurdicas; y, por otro lado, el impacto que posee tal eleccin en la asignacin de la carga de la prueba y determinacin del estndar probatorio aplicable a los componentes que integran el modelo de prevencin. Asimismo, ofrece una exposicin de las principales directrices, basadas en normas tcnicas de Compliance y buenas prcticas internacionales, que han de considerarse al valorar la idoneidad de los modelos de organizacin y gestin de delitos.

El gobierno corporativo de las empresas aade cada vez ms nuevos criterios distintos del beneficio econmico de la empresa o el inters exclusivo de sus accionistas. Adems, el gobierno corporativo importa cada vez ms conceptos de la RSC e incorpora obligaciones de cumplimiento normativo para las empresas. El Cdigo de Buen Gobierno de sociedades cotizadas de la CNMV, un cdigo voluntario de soft law que ha sido revisado recientemente, es un buen ejemplo de esta tendencia. Este artculo pretende definir algunos conceptos, valora la ltima reforma del Cdigo de Buen Gobierno y aporta algunas reflexiones sobre las nuevas tendencias de este gobierno corporativo y algunas de sus implicaciones

Anlisis de las ms amplias posibilidades que se ofrecen en el mundo del cumplimiento normativo para fortalecer la aplicacin del compliance ms all de su estricta aplicacin al campo de las personas jurdicas, aplicndolo a cualquier tipo de organizacin para dotar de exigencia en su implementacin amplia en lugar de circunscribirlo solo a las personas jurdicas y extender su crculo.

Este trabajo pretende analizar dos cuestiones fundamentales sobre la aplicabilidad del artculo 282 bis del Cdigo Penal, haciendo referencia al caso de la salida a Bolsa de Bankia: la verificacin de la falsedad del folleto informativo, y el papel de los organismos de control en la aprobacin de este documento. Ambos puntos se hallan estrechamente relacionados, y hacen surgir el interrogante sobre el significado de esa supervisin y su incidencia en el juicio de veracidad sobre el folleto. Asimismo, el examen de la posible falsedad plantea otras cuestiones importantes, como por ejemplo la consideracin de los juicios de valor y de las hiptesis presentadas por la sociedad emisora, o la propia determinacin del contenido del folleto informativo.

La industria del ftbol es un sector que en estos ltimos aos ha protagonizado un gran nmero de escndalos y hechos delictivos. Un ejemplo de ello es el procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial de Madrid y ante el Tribunal Supremo por el que se condena al RAYO VALLECANO DE MADRID, S.A.D. por fraude fiscal. El anlisis de su condena resulta esclarecedor especialmente en cuanto a la determinacin de la aplicacin de la Ley Orgnica 5/2010, as como el razonamiento seguido para atribuir responsabilidad penal al RAYO VALLECANO DE MADRID, S.A.D. como persona jurdica.

Ms de 6.000 personas han seguido un Congreso cuya segunda edicin tendr lugar en Barcelona en marzo de 2022 en formato presencial.Los organizadores han solicitado especializar inicialmente 80 juzgados hasta alcanzar un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda Espaa.

A continuacin se reproducen las Conclusiones adoptadas enelCongreso, entre las que se incluye la convocatoria del II Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia que se celebrar el ao que viene de manera presencial en Barcelona.

La crisis originada por el COVID-19 ha dado pie a la normalizacin del uso de aplicaciones telemticas en los Juzgados para llevar a termino actuaciones judiciales. La aplicacin CISCO es una de las aplicaciones ms utilizadas tanto a nivel nacional como internacional para acceder a la Salas judiciales de forma virtual y as evitar el desplazamiento de los intervinientes a los Juzgados. Mediante el presente artculo se pretende dar a conocer en qu consiste dicha aplicacin, si su uso es ptimo y recomendable, qu deber necesariamente contener una cdula de citacin que prevea una actuacin a travs de esta aplicacin y qu medidas previas se debern adoptar para la realizacin de una actuacin judicial a travs de Cisco.

El prximo 22 de abril celebramos un taller virtual para que aprendas a gestionar el sistema dinmico de adquisicin, una tcnica de contratacin alternativa al contrato menor, eficaz y con mltiples ventajas.

La Teora General del Delito se ha ocupado tradicionalmente del estudio completo de los tipos penales mediante la exgesis de los mismos. En particular, alcanzan especial relevancia por su dificultad los controvertidos elementos subjetivos del injusto. Su anlisis en Derecho Penal ha hecho correr ros de tinta, resultando interesante trasladar su debate al mbito penal militar mediante la valoracin de los delitos castrenses. Esta publicacin se centrar en la investigacin del artculo 38 del Cdigo Penal Militar, comprendido en el Captulo I, del Ttulo II, Libro II.

Se reflexiona sobre la manipulacin negativa de los hijos en las relaciones postconvivenciales y acerca del tratamiento jurisprudencial de la alienacin parental, a la luz de la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Aunque a la Sala le puede parecer encomiable que la empresa decida realizar donaciones a diversas ONG, lo que no puede es hacerlo es sin negociar con la representacin legal de los trabajadores.

Son los padres quienes han de compartir, atender y acompaar el proceso patolgico de su hija, con las angustias, inquietudes y preocupaciones que el mismo genera.

Favoreci los postulados de unos de los contendientes electorales con su retransmisin de la manifestacin en favor del derecho a decidir celebrada en Madrid, convocada, entre otras entidades, por Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, y con un documental en el que aparecan expresando sus sentimientos y preocupaciones los familiares de los polticos catalanes que entonces se encontraban en prisin preventiva.

Espaa no ha transpuesto la Directiva (UE) 2016/680, de 27 Abr., cuyo plazo expiraba en mayo de 2018, y al haberse superado el plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisin sin que Espaa haya adoptado las medidas necesarias para garantizar dicha transposicin, ni haya comunicado las medidas, el Tribunal europeo considera que el incumplimiento est comprendido en el mbito de aplicacin del art. 260.3 TFUE, e impone las correspondientes sanciones al persistir el incumplimiento.