El Diario LA LEY les ofrece hoy el Especial Derecho Digital e Innovación, una Revista on line, dedicada al análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado.

En el presente número de la Revista Derecho Digital e Innovación se analizan cuestiones diversas como la relación entre inteligencia artificial y justicia, la necesaria perspectiva ética de la inteligencia artificial o la gobernanza de la IA. Queremos con ello, una vez más, llamar la atención acerca de la necesidad de abrir el debate a planteamientos que pueden parecer paralelos a los estrictamente jurídicos pero que deben ser muy tenidos en cuenta para conseguir no solo la mejor de las regulaciones posibles, sino un desarrollo de la inteligencia artificial acorde con la centralidad de la persona.

Se analiza la situación que se produce en el desarrollo práctico de la inteligencia artificial para su uso a nivel de consulta de jurisprudencia, y la necesidad de que ésta sea cambiante y adaptada a la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada y a los avances de los cambios legislativos y a la evolución social y adaptada a los tiempos que siempre suponen los cambios jurisprudenciales, habida cuenta que la doctrina de los tribunales no puede petrificarse y estar anclada en los algoritmos que ya se han incluido en la inteligencia artificial, según la respuesta que hasta ese momento se le ha dado por la jurisprudencia a un caso concreto. 50 criterios sobre la aplicación de la Inteligencia artificial en la justicia.

El nuevo RIA regula el control sobre la introducción en el mercado, la comercialización y el uso de los sistemas de IA, en especial, de aquellos que son de alto riesgo. Para ello, desarrolla una estructura de gobernanza en la que comparten funciones las autoridades europeas y las nacionales. Sin embargo, no debe olvidarse las autoridades en materia de protección de datos personales, que también intervendrán cuando los sistemas de IA afecten a estos datos.

El presente trabajo aborda el desafío que representa la inteligencia artificial generativa (IAG) en el ámbito de la propiedad intelectual. Específicamente, se centra en la protección a través de los correspondientes derechos de autor respecto a las obras creadas, de manera autónoma o sin intervención humana relevante, por sistemas de IAG. Se examina cómo el marco jurídico actual, tanto en España como a nivel internacional, gestiona la protección de estas creaciones, dado que los derechos de autor tradicionalmente exigen la intervención humana. Además, se exploran importantes figuras extranjeras, como la regulación de las «computer-generated works» en Reino Unido y las «works made for hire» en Estados Unidos, que podrían ofrecer soluciones aplicables a estas nuevas formas de creación. Asimismo, y ante la imposibilidad de aplicar los conceptos clásicos de autoría humana, se exponen posibles enfoques regulatorios propuestos por la doctrina más autorizada, tales como la atribución de derechos sui generis o la incorporación de estas obras al dominio público.

La intersección entre la dignidad humana, la inteligencia artificial y la normativización estética plantea desafíos éticos y sociales en la sociedad contemporánea. La garantía de un uso ético de la inteligencia artificial, respetuoso con la dignidad de las personas, junto con la resistencia a la imposición de estándares estéticos superficiales, son fundamentales para promover una cultura de aceptación y diversidad. Se necesita un enfoque colaborativo que involucre a diversos actores para abordar estos desafíos y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa.

El auge de los sistemas de Inteligencia Artificial suscita una serie de retos que deben ser afrontados. Uno de ellos es la generación de deepfakes y, en particular, su aportación como prueba. Por ello, esta investigación viene a analizar el recorrido procesal en España que pudieren tener este tipo de falsificaciones hiperrealistas, los métodos técnicos actuales de detección de deepfakes —así como las vulnerabilidades que estos presentan—, las responsabilidades penales en las que el aportante de la ultrasuplantación pudiere incurrir y, finalmente, se expone que la prueba deepfake reúne, por naturaleza, las características de ser falsa e ilícita.

El ENS5G tiene como finalidad el tratamiento integral de la seguridad, la garantía de funcionamiento continuado de la red y servicios 5G, el fomento de un mercado de suministradores de redes y servicios 5G suficientemente diversificado, el fortalecimiento de la industria y las actividades I+D+i, así como el impulso a la formación y concienciación en ciberseguridad 5G. Dicho esquema, no solo desarrolla las previsiones de la norma legal, sino que se convierte en un instrumento fundamental para el desarrollo y aplicación de la estrategia española en materia de ciberseguridad 5G.

El pacto aborda un amplio espectro de temas cruciales, desde la paz y la seguridad internacionales hasta el desarrollo sostenible, el cambio climático, los derechos humanos, y la cooperación digital. Incluye, además, compromisos relevantes como el Compacto Digital Global y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, reflejando la creciente interrelación entre la tecnología y los derechos fundamentales en el panorama internacional.

El TJUE establece que hubo discriminación entre el comparador de productos de Google y los comparadores de productos de la competencia, y que si bien el Derecho de la Unión no prohíbe la existencia en sí misma de una posición dominante, sino únicamente su explotación abusiva, están prohibidos los comportamientos de empresas en posición dominante que restringen la competencia basada en los méritos y que, de este modo, pueden causar un perjuicio a las empresas individuales y a los consumidores.

El despliegue de la IA y su fusión con diversas tecnologías que interactúan a través de lo físico, digital y biológico, plantean nuevos paradigmas que requieren de profesionales con formación altamente especializada. El presente manual analiza desde una perspectiva nacional y comparada los principales riesgos y oportunidades que plantea el diseño e implantación de tecnologías de IA y el impacto que estas tienen o pueden llegar a tener en los derechos de las personas, así como las tendencias normativas frente a los desafíos ético-jurídicos de la transformación digital.

Esta obra examina cuestiones especialmente críticas como la ética y la privacidad, la equidad y la inclusión, la seguridad y la confiabilidad, o la necesidad de marcos legales y regulatorios adecuados. Además, se exploran casos de estudio y experiencias prácticas que ilustran tanto los logros como los obstáculos encontrados en la implementación de la inteligencia artificial en diferentes contextos y niveles de gobierno.

Se analizan dos sentencias del TJUE (Sala Gran Sala). En la primera concluye que no permite imponer una multa administrativa por una infracción sin que se demuestre que fue cometida de forma intencionada o negligente por el responsable del tratamiento y que, por lo tanto, la culpabilidad en la comisión de la infracción constituye un requisito para la imposición de la multa. En la segunda, analiza la responsabilidad de la empresa que encarga a otra el desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de datos de las personas expuestas al COVID-19 con fines de seguimiento epidemiológico y ha participado en la determinación de los fines y medios del tratamiento de datos personales.

Estamos inmersos en una revolución histórica, profunda y radical, y que llega a pasos de gigante. Este artículo no pretende abordar todos los efectos que esta revolución va a acarrear, ni proponer soluciones mágicas o milagreras para los mismos. Sólo pretende ser una reflexión que intenta aportar una medida paliativa ante el hundimiento que se vislumbra del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Se analiza el lugar de celebración de las actuaciones judiciales y de los actos procesales. La celebración presencial o telemática de la vista es decisión de la autoridad judicial competente, debiendo motivar dicha decisión en su resolución. En la realización telemática la autoridad judicial deberá garantizar tanto el acceso y lugar seguro como la accesibilidad universal a aquélla, aunque se practique desde lugar distinto de una oficina judicial, valorando las circunstancias concurrentes en cada caso. Para los “Actos procesales” será preferente la presencia telemática cuando hayan de celebrarse únicamente ante los LAJ.

Ayudas destinadas a la financiación por la cancelación de la programación de espectáculos públicos como consecuencia del Covid-19. Denegación de las solicitudes de subvención a determinadas empresas por no tener su domicilio fiscal en Andalucía a la fecha de la declaración del estado de alarma.

La iniciativa puesta en marcha por el Colegio de Registradores inicia una nueva temporada el próximo 9 de octubre en la Universidad Autónoma de Madrid. Como es habitual, la jornada también podrá seguirse por TEAMS.

Atendida la finalidad del complemento a mínimos que es la de garantizar al beneficiario unos ingresos mínimos para evitar toda situación de pobreza, su abono resulta procedente tanto si la contingencia común lo es por enfermedad común como si lo es por accidente no laboral.

No cabe cuestionar la alegación de la demanda de que no se suministró la información solicitada en tiempo y forma con anterioridad a la junta general, y entrar a examinar cuestiones tales como si la actora solicitó en tiempo y forma la información, si empleo la diligencia exigible para obtenerla o si la falta de aprobación de las cuentas anuales le es imputable.

El Tribunal estima que se dan todos los elementos necesarios para considerar el accidente de trabajo “in itinere”, es decir el teleológico, el cronológico y el geográfico.

El trabajador critica que la decisión del INSS supone atentar contra su libertad de expresión y libertad de cátedra porque con el diagnóstico están represaliando o no permitiendo una manifestación de un paciente relativa a la salud.

No ha quedado acreditada la utilización de la vivienda para uso propio por el autopromotor-vendedor, lo que evidencia el incumplimiento del requisito impuesto por la disposición adicional segunda de la LOE para la exoneración de la obligación de constituir el seguro decenal.

Una buena gestión consigue convertir negocios tradicionales en despachos modernos, eficientes y rentables. En un mercado legal altamente competitivo sobrevivirán las firmas que sean eficientes en su gestión y cercanas a los intereses de los clientes, cada vez más empoderados y más exigentes.