El Diario LA LEY les ofrece hoy el Especial Derecho Digital e Innovación, una Revista on line, dedicada al análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado.

Con motivo de la salida del número 20 de la Revista de Derecho Digital e Innovación, hemos preparado una relación de los Sumarios de los 20 números publicados desde los inicios de la Revista en marzo de 2019. Con ello pretendemos facilitar a nuestros lectores la consulta y localización de todo el material publicado hasta ahora. En cada número aparece entre paréntesis la fecha de publicación en la web del Diario La Ley, con un enlace a todos ellos. Todos los números publicados también se encuentran disponibles en nuestra biblioteca digital Legalteca (legalteca.es)

La relevancia de la Inteligencia Artificial ha motivado la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA o AI Act), que a fecha de publicar este número está a las puertas de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por eso, la mayoría de los contenidos que presentamos en esta nueva entrega de la Revista de Derecho Digital e Innovación se destinan a seguir estudiando diversas cuestiones que suscita la IA.

La expectación por la publicación del conocido Reglamento de Inteligencia Artificial en Europa es máxima. A pesar de las distintas versiones del texto desde el año 2021, la obligación de que ciertos sistemas y modelos de IA dispongan de una «documentación técnica» que explique cómo funcionan a nivel interno se mantiene. No obstante, debe valorarse, desde un punto de vista técnico, si es factible disponer de tal documentación (y mantenerla actualizada) y, desde un punto de vista jurídico, sus implicaciones en caso de litigio de responsabilidad civil. En este artículo se exponen algunas consideraciones que, sin ánimo de exhaustividad, pueden ser útiles para reflexionar sobre un asunto que quizá sea problemático en el futuro.

En la era digital actual, la gestión eficiente de la información se ha vuelto crucial para el avance de la sociedad. La creciente cantidad de archivos electrónicos generados diariamente plantea desafíos significativos en términos de almacenamiento, seguridad y preservación a largo plazo. Este estudio se centra en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) y los Smart Contracts como herramientas innovadoras para revolucionar la preservación de archivos electrónicos, en cumplimiento con las normativas legales vigentes. La IA, con su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa, se presenta como un aliado esencial en la gestión de archivos, facilitando la organización, clasificación y detección de posibles amenazas a la seguridad. Además, la IA ofrece soluciones predictivas para prevenir la degradación de los archivos a lo largo del tiempo, adaptándose a cambios en estándares y tecnologías. La convergencia de la IA y los Smart Contracts promete eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la retención de información crítica, abriendo nuevas posibilidades para la preservación de archivos electrónicos en diversas esferas industriales. Este estudio también aborda los desafíos y consideraciones éticas asociados con la implementación de estas tecnologías, reflexionando sobre sus perspectivas futuras en el ámbito de la gestión de la información.

Las IA, porque no se puede hablar de una sola, hace tiempo que trabajan en el sector jurídico. La inmediatez en la búsqueda del dato, de la noticia jurídica, de la sentencia, del documento normativo estaba ya desarrollada por todas las bases de datos. La precisión que se quiere para la argumentación y motivación contará con este importante recurso o herramienta, y ello nadie lo pone en duda. Desde el punto de vista de la Teoría del Derecho argumentar es pensar en valores jurídicos, en derechos fundamentales, en la hermenéutica interpretativa como la principal labor del jurista, y en este sentido, las IA no serán tan determinantes, las ideas, los valores, los principios generales tienen un razonamiento jurídico que no coincide con la propia Moral, pero sí en la defensa de situaciones límite para los derechos humanos. En este trabajo se pretende hacer notar que simplemente será complemento que en la función valorativa o de aplicación de principios generales su complemento será limitado en la labor del jurista, sin aludir, por ejemplo, a todos los litigios jurídicos constitucionales que se resolverán por la propia ideología jurídica y el encaje conforme a la Constitución basado en valores y principios.

¿Qué es la Inteligencia Artificial Responsable? ¿Es un tipo de IA, un uso específico o un principio ético? La Inteligencia Artificial Responsable (IAR) es un concepto emergente que expresa la importancia de abordar con responsabilidad el uso de herramientas de IA para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. Este artículo examina su significado, sus orígenes, su relación con el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, sus aplicaciones actuales en el sector de la abogacía y sus perspectivas de futuro. Así como algunos de sus retos jurídicos.

Con el avance constante de la inteligencia artificial (IA), surge un interés creciente en su posible repercusión en el ámbito legal. Este escrito sopesa los desafíos que la IA plantea en el campo jurídico, partiendo de la premisa de su naturaleza amoral para concebirla como un potencial «abogado» desprovisto de moralidad. Este ensayo aborda cómo la IA podría democratizar el acceso a la justicia y al conocimiento legal. Sin embargo, entre las promesas se entretejen importantes retos, especialmente en lo referente a la transparencia, la responsabilidad y la ética. Asimismo, se discuten aspectos relacionados con el Reglamento de IA de la Unión Europea, una iniciativa regulatoria pionera a nivel mundial. Este estudio contribuye a la comprensión del impacto de la IA en el sector legal, arrojando luz tanto sobre el potencial transformativo como sobre los desafíos que se asocian a su desarrollo.

El sector de la computación en la nube ha experimentado un vertiginoso crecimiento en los últimos años, y es sin duda un motor de la digitalización de la economía y el crecimiento empresarial. Sin embargo, tanto sus características estructurales (alto grado de concentración) como algunas prácticas que llevan a cabo los principales proveedores de servicios cloud (vinculación, auto-preferencia, etc) plantean un riesgo al mantenimiento de una competencia efectiva en este mercado. Por ello, en el pasado año 2023 se han sucedido diversos informes y actuaciones por parte de las autoridades de competencia en Europa, y también en España, que se examinan en este trabajo, prestando especial atención a la política de licencias de software que lleva a cabo la empresa Microsoft, y consideramos es una práctica anticompetitiva. A este respecto, junto a la «clásica» prohibición de abuso de domino (art. 102 TFUE) se examina la idoneidad de la regulación sectorial, como los recientes DMA o EU Data Act.

Actualmente somos testigos de las primeras etapas del desarrollo de los metaversos. Las empresas empiezan a expandirse hacía el metaverso y su actividad económica conlleva la necesidad de usar sus marcas en este ámbito. Así, es fundamental entender los aspectos tecnológicos y adaptar la regulación actual a dichos aspectos, dado que el metaverso posee características singulares. Con esta finalidad, el presente estudio se centra en analizar tanto el marco regulatorio aplicable a los derechos marcarios, como los cuatro casos que abordan las infracciones de estos derechos en el metaverso: Juventus, Utopia, MetaBirkin, Nike. Por último, entendemos que hoy en día no es necesaria una regulación hard law ad hoc, puesto que el desarrollo legislativo actual parece suficiente. La manera adecuada de enfrentarnos al metaverso es a través de soft law, que se basa en las mejores prácticas de los principales actores - usuarios de los metaversos.

Las finanzas descentralizadas (DeFi) han sido identificadas como herramienta de inclusión financiera. Sin embargo, existen elementos de riesgo o barreras que retrasan su adopción. En este artículo se aborda la controversia de si los beneficios de las finanzas descentralizadas son suficientes para calificar como una herramienta completa que pueda cubrir todos los aspectos de «inclusión financiera». Además, discuten los riesgos en cuanto a colectivos vulnerables, llevando a cabo un estudio desde cuatro pilares: acceso a servicios financieros, uso adecuado, calidad y bienestar financiero. Finalmente, se analiza su encuadre en la regulación existente, así como los retos regulatorios por solventar para ofrecer una mayor seguridad jurídica y protección.

En esta nota el autor se ocupa del ámbito de aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y su impacto en las actividades de las organizaciones con sede fuera de la Unión Europea (UE); en concreto, analiza los sujetos involucrados y el efecto extraterritorial.

El pasado día 23 de mayo de 2024, el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) aprobó el Dictamen 11/2024 sobre el uso del reconocimiento facial para agilizar el flujo de pasajeros en los aeropuertos (compatibilidad con artículos 5 (1) (e) y (F), 25 y 32 del RGPD. Las presentes Notas pretenden ser un comentario de urgencia sobre el citado Dictamen, y asimismo plantear algunos problemas pendientes y ofrecer propuestas de solución a los mismos.

Se trata del primer tratado internacional sobre esa materia, lo que hace especialmente relevante este Convenio. Hasta ahora la mayoría de las iniciativas en este sector habían sido de soft-law (como los Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial o la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial), sin embargo, este Convenio será jurídicamente vinculante para los Estados que lo ratifiquen.

La entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065, de 27 de octubre de 2022) constituye un punto de inflexión en la garantía de los derechos fundamentales en el entorno digital. La Decisión de la Comisión de 25 de abril de 2023, pone rostro a las plataformas en línea de muy gran tamaño y las sujeta a un régimen de responsabilidad reforzado con una premura inusitada. Los objetivos de este esquema regulatorio —garantizar el buen funcionamiento del mercado digital y proteger los derechos fundamentales de los usuarios— no admiten dilaciones.

Recensión del libro: Perspectiva cognitiva y Nudge público. La actuación conductual de los poderes públicos (ISBN: 978–84–1125–872–2). Autor: Joan-Pere López Pulido, publicado en 2023 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), de 667 páginas.

Análisis desde el punto de vista jurisprudencial de la renuncia y revocación del auditor en el contrato de auditoría de cuentas definido en el artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

El artículo reflexiona sobre la posibilidad de que los responsables tributarios impugnen las autoliquidaciones impagadas por el deudor principal que son objeto de derivación de responsabilidad. Una interpretación no solo literal sino también finalista del artículo 174, apartado 5, de la Ley General Tributaria, permite concluir que los derechos impugnatorios del responsable deben poder ser empleados frente a cualquier deuda tributaria incluida en el alcance de la derivación de responsabilidad, con independencia de si provienen de un acto de liquidación tributaria dictado por la Administración tributaria o de una autoliquidación sin ingreso presentada por el deudor principal. En este último caso el expediente administrativo que se ponga de manifiesto al responsable debe permitir poder ejercer con plenitud el derecho a la defensa.

La disciplina como nuclear manifestación del deber de obediencia se erige como principio rector esencial de todo conglomerado castrense, incluido el español. Pese a la evolución normativa del ordenamiento disciplinario y penal militar, continúan planteándose importantes disyuntivas en torno a la inobservancia de dicha premisa y a las diferentes modalidades de insubordinación que, en su caso, pudieran acontecer. Problemáticas que, al menos apriorísticamente, obtienen sólidas respuestas a nivel jurisdiccional.

La necesidad de acompañamiento de las personas mayores de 65 años que no quieren estar solas y el marco legal y fiscal del acogimiento han protagonizado el último encuentro de Jubilare, la Comisión Científica constituida por el Colegio de Registradores de España para fomentar el debate sobre el envejecimiento activo y el talento sénior y para combatir el edadismo desde un punto de vista positivo y optimista.

Estando regulados legalmente dos supuestos o grados de incapacidad permanente, va de suyo que esa situación sea concretada en la fase de declaración de jubilación, que es donde se aprecia y valora la concurrencia de la causa, pues en la fase de reconocimiento de la pensión se lleva a cabo su determinación cuantitativa y su liquidación, sin que el órgano de clases pasivas tenga reconocida competencia para discernir sobre el grado de la incapacidad permanente.

Obtención fraudulenta de los datos bancarios mediante un SMS fraudulento aparentemente del banco. Al cliente le resultaba imposible percibir que se trataba de un SMS fraudulento dada la técnica utilizada, pues el estafador utilizaba el propio ID de los SMS del banco. Hubo un déficit del sistema de seguridad de la entidad bancaria para evitar esta clase de ataques informáticos.

Declara el TS que el órgano jurisdiccional puede fijar la indemnización por daños y perjuicios sufridos en caso de incumplimiento por parte de la Administración, y, también, cuando aprecie incumplimiento del contratista, declarar la obligación de satisfacer los cánones devengados hasta que se resuelva la relación contractual, en concepto de compensación, sin necesidad de incoar un procedimiento ad hoc, autónomo y separado del procedimiento de resolución y liquidación respecto del contrato.

El despido ha sido calificado como improcedente pero no nulo porque el trabajador, con sus expresiones, se ha situado fuera del ámbito de la libertad de expresión.

La obligación del comerciante de informar al consumidor surge en el momento en que este acepta, de manera irreversible, quedar sujeto a una obligación de pago tanto si esta está sujeta a condición como si es incondicional.

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY Legal Management, el nº 84, de junio de 2024, que incluye importantes novedades en materia de Despachos, Protección de Datos, Inteligencia Artificial, Derechos de los Abogados, Eventos y Formación de la Abogacía.

La International Bar Association (IBA) -la mayor asociación mundial del sector legal, con más de 80.000 juristas y más de 190 colegios de abogados de 175 países- estima que el aumento en un punto en el Índice del Estado de Derecho incrementa un 0,82% el PIB, tal y como se recoge en el primer estudio global que cuantifica los efectos sociales y económicos de la profesión legal, el Informe de Impacto, que ha sido presentado esta misma mañana a los medios de comunicación españoles por Almudena Arpón de Mendívil, la primera mujer presidenta de la IBA en los últimos 20 años.