Ambos organismos consideran que la propuesta plantea importantes incoherencias con el RGPD  por lo que respecta a los cinco aspectos: Objeto y ámbito de aplicación de la Propuesta; definiciones y terminología utilizada; base jurídica para el tratamiento de los datos personales; distinción entre tratamiento de datos personales y no personales y gobernanza, competencias y facultades de los organismos y autoridades competentes.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España se ha propuesto aprobar una Carta de Derechos Digitales. Para su elaboración ha contado con expertos, la participación ciudadana y la consulta a algunos órganos consultivos del Estado, como el Comité de Bioética de España. El informe que aprobó este órgano incidía en la necesidad de reflexionar sobre el diseño del entorno digital como presupuesto para proclamar unos derechos digitales que verdaderamente salvaguarden la dignidad de las personas. El presente trabajo profundiza y desarrolla esta idea y propone cuatro alternativas de diseño para el entorno digital.

El nuevo Convenio colectivo nacional de la banca incluye todo un título dedicado a los derechos digitales, en el que se regulan figuras como el derecho a la desconexión digital y laboral; el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral; el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación de sonidos y geolocalización en el ámbito laboral y el derecho ante la inteligencia artificial.

Análisis del comúnmente conocido como Reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act), que forma parte de un conjunto de medidas adoptadas por la UE con el propósito de mitigar colectivamente el impacto derivado de la implementación y aplicación de TIC en el sector financiero, intentando garantizar su estabilidad, introduciendo mecanismos que creen estructuras resilientes con el objetivo de proteger, o al menos prever, la posible incidencia de agentes externos, obligando a actuar diligentemente, so pena de sanción para el caso de incumplimiento.

El reglamento persigue cuatro objetivos: mejorar la eficiencia administrativa con una Administración electrónica e interconectada, incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas en la Administración Electrónica, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica.

La existencia de un conflicto o colisión entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la protección de datos de carácter personal exige llevar a cabo, en cada caso, una ponderación o juicio de proporcionalidad, partiendo de la base de que toda posible restricción al derecho a la protección de datos personales no puede sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario.

La grabación no era en ese momento una garantía para evitar un posible abuso policial sino una exposición mediática, sin motivo alguno de los agentes actuantes y, más en concreto, de la agente a la que el acusado grabó de cerca y cuya identidad puede correr por las redes sociales sin justificación alguna.

La última propuesta del Reglamento sobre privacidad de las comunicaciones electrónicas (ePrivacy), aprobada el pasado 10 de febrero, ha sido objeto de análisis en una jornada organizada por la IAPP.

Al margen de la posibilidad de su uso en muchos sectores como la logística, el arte o el sector financiero, se ha demostrado la aptitud de la tecnología Blockchain para asistir a diferentes empresas en la generación de evidencias o cumplimiento de los requisitos de protección que la legislación, como aquella que gobierna los secretos comerciales, establece.

La irrupción de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia es ya una realidad, si bien su aplicación y consolidación definitivas presentan múltiples incógnitas. La correcta utilización de estos nuevos avances tecnológicos que, progresivamente, se van incorporando al proceso judicial han de huir de sesgos raciales, culturales, sociales, religiosos… y de una justicia predictiva que nos acerque al no deseado Derecho Penal de autor. Se ha de lograr un adecuado equilibro entre tecnología y derechos fundamentales, salvaguardando el derecho al debido proceso y con todas las garantías, incidiendo en el derecho de defensa del encausado. Y es que alcanzar la seguridad a toda costa y potenciar un Derecho Penal cada vez más expansivo no han de ser los objetivos a alcanzar. La Inteligencia Artificial se ha de convertir en un poderoso aliado de la Justicia, pero no en la Justicia misma. De hecho, los sistemas de Inteligencia Artificial se vienen utilizando desde hace años en nuestro país para la protección de la mujer víctima de violencia de género a través del sistema VioGen. Al análisis de estas cuestiones irán dedicadas las siguientes líneas.

La aplicación a la Administración de Justicia de soluciones automatizadas puede pasar por ejemplos sencillos de código. La creación de un sistema de gestión de plantillas puede ahorrar mucho tiempo a la hora de redactar resoluciones o de preparar la estructura o bosquejo de las mismas. Sin embargo, la creación de un sistema de gestión de plantillas no supondría una verdadera automatización si no fuera acompañada de otro tipo de mejoras que permitan automatizar el trabajo más simple, repetitivo y sin valor añadido. El uso de herramientas de procesamiento de lenguaje natural, puede servir para alimentar de los datos necesarios a este Sistema de Gestión de Plantillas, de tal manera que no sería necesario que por el usuario (Juez o Magistrado) se rellenaran los campos de nombre de las partes, fechas de eventos, cantidades concretas no controvertidas, sino que las mismas vendrían ya rellenadas por el propio sistema mediante el procesamiento de las demandas. En definitiva, crear un RPA para modelos y plantillas de resoluciones judiciales permitiría mejorar la calidad del trabajo, al ampliar el tiempo disponible para valorar la prueba y razonar los fundamentos.