El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.

La técnica legislativa utilizada en el Derecho penal económico dificulta, en muchas ocasiones, el entendimiento de qué es aquello constitutivo de delito. Esta problemática no solamente afecta a la legislación penal española. En este sentido, en este trabajo se toma como referencia el delito de corrupción privada prestando atención al enunciado legal de la regulación española y al de la propuesta de tipificación en Argentina. En ambos casos, se trata de regulaciones con elementos normativos para cuya interpretación se hace necesario tener en cuenta lo dispuesto en las regulaciones del sector privado.

En agosto de 2023 se promulgó la ley 21.595 de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente en Chile. Esta ley introdujo importantes cambios en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con especial énfasis en las exigencias para los modelos de prevención de delitos. El presente trabajo presenta una comparación crítica entre las exigencias del modelo de prevención anterior y posterior a la ley de delitos económicos destacando los principales cambios y exigencias para las personas jurídicas que pretendan instaurar un modelo de prevención efectivo.

Las empresas del sector del juego operan en un entorno altamente regulado y están sujetas a un creciente número de inspecciones en diversas áreas. Los principales desafíos legales derivan de la complejidad y multiplicidad de normativas que deben cumplir, lo que conlleva el riesgo de sanciones significativas o incluso la retirada de licencias operativas si no se cumplen las exigencias establecidas.

La diligencia debida de terceros se ha convertido en una herramienta clave para mitigar riesgos críticos como la corrupción, el blanqueo de capitales y el incumplimiento de normativas internacionales. Mediante el presente artículo se ofrecerán unas breves pinceladas de cómo las empresas pueden protegerse de estos riesgos mediante un enfoque proactivo basado en la identificación y evaluación de riesgos.

A principios de año, la Fiscal General adjunta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaba el inminente lanzamiento de un Programa piloto de recompensas para whistleblowers. Dicho Programa entró en vigor el 1 de agosto de este año y el DOJ publicó una guía en la que se detallan todas las medidas de protección para el Informante y requisitos que deben cumplirse para poder acceder a una posible recompensa.

Este artículo analiza la dicotomía existente entre la postura adoptada por la STS (Sala de lo Penal), núm. 298/2024, rec. 6489/2021 de 8 de abril de 2024 y la postura sostenida por la SAN núm. 18/2023, rec. 11/2023, de 16 de octubre de 2023 con relación a la carga de la prueba de los Sistemas de Compliance.

El presente artículo pretende analizar y exponer de forma sistematizada el tratamiento que ha dado el Tribunal Supremo a la exigencia del art. 31 bis CP de que, para derivar responsabilidad a la persona jurídica, el autor del delito debe actuar en el beneficio directo o indirecto de la misma. Para ello, se repasan las distintas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo desde el año 2010 en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Un año más la Universidad Francisco de Vitoria sigue confiando en la Unidad de Formación de ARANZADI LA LEY para ofrecer a los perfiles profesionales la titulación oficial del Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Ante la demanda del mercado laboral de este perfil titulado, ponemos a disposición de todos los interesados una nueva convocatoria que tendrá inicio el 31 de Octubre.

En el presente artículo, con base en un estudio detallado de la doctrina del TJUE y de la jurisprudencia, se ponen de manifiesto las peculiaridades existentes en materia de costas en los procesos de cláusulas abusivas. Se analizan las distintas situaciones que pueden plantearse, atendiendo no solo a la actuación de las partes en el proceso sino también con anterioridad al mismo (requerimientos previos, actuación proactiva de la entidad bancaria, etc.).

El Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que es el que ha resultado objeto de aplicación por parte de la sentencia cuyo comentario corresponde a este artículo y tiene por objeto establecer el contenido de la cartera de servicios comunes de las prestaciones sanitarias de salud pública puede ser considerado según el Tribunal Supremo como flexible para determinadas circunstancias a la hora de introducir coberturas y suministrar una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención exigido.

La propuesta de un Código Ético para el Gobierno busca establecer normas claras que prevengan conflictos de interés y promuevan la transparencia. Este código tiene como objetivo fundamental fomentar la integridad y la responsabilidad entre los altos funcionarios públicos, al regular el uso de información privilegiada y mitigar riesgos éticos. Su implementación podría fortalecer la cultura organizacional al definir estándares uniformes de comportamiento ético, reduciendo así la ambigüedad en la toma de decisiones y promoviendo la coherencia.

La International Bar Association (IBA), la voz global de la profesión legal, la primera asociación de juristas en sumarse al Convenio Marco del Consejo de Europea sobre la Inteligencia Artificial.

Son aplicables analógicamente los preceptos de la LRC que permiten esta modificación en el supuesto de adopción internacional. La razón jurídica para no hacer público que el menor nació en un país remoto es la misma en el caso de la adopción internacional que en el supuesto de la adopción nacional de un niño nacido en el extranjero, en el que se ha determinado la filiación biológica del padre y posteriormente la esposa de éste lo ha adoptado. En ambos casos se trata de impedir que el carácter adoptivo de la filiación y las circunstancias relativas al origen del menor sean públicos.

No es aplicable la previsión recogida en los Estatutos respecto a la publicidad que pueden llevar a cabo los locales comerciales. No concurre la usucapión de la servidumbre de los letreros porque el demandante carece de justo título para su instalación al no ser propietario de locales sino de plazas de garaje y trasteros. Tampoco cabe aplicar la doctrina de los actos propios.

No adoptó medidas para advertir del peligro generado por las fuertes corrientes existentes en la zona, incluida la colocación de la bandera roja para prohibir el baño, y el dispositivo de vigilancia desplegado era insuficiente para proteger a los bañistas.

Se confirma la condena del alcalde y un vecino por un delito leve de lesiones causadas mutuamente en una pelea entre ellos. No se trata de un delito de atentado a la autoridad, pues la protección penal del alcalde se perdió cuando se extralimitó en sus funciones: en ese momento deja de tener tal condición y se coloca al nivel de una persona más.

La diferencia entre el salario que se viniera percibiendo y la cuantía de la prestación por desempleo es el efecto propio del cálculo de prestaciones y no puede invocarse como un daño a los efectos de devengar la indemnización adicional que el trabajador reclama.

La incorporación de nuevos profesionales conlleva numerosos retos, pero es un proceso que se puede agilizar con una gestión adecuada.