El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.

En los modelos de responsabilidad penal corporativa, la colaboración con las autoridades —a través de investigaciones internas o mediante whistleblowing— se ha consolidado como vía para obtener la atenuación o incluso la exención de la sanción. Sin embargo, esta colaboración encuentra un límite esencial en la licitud de la prueba. El presente trabajo analiza cómo distintos ordenamientos jurídicos regulan los efectos de la cooperación empresarial y examina críticamente los problemas que plantea la obtención ilícita de información, tanto en el marco de investigaciones internas como en el de la delación individual. Se abordan, asimismo, las tensiones entre la promoción de la colaboración y el respeto a los derechos fundamentales, proponiendo una interpretación que armonice eficacia y garantías.

En el presente trabajo se comentan brevemente las principales disposiciones normativas y resoluciones judiciales aparecidas en España durante el pasado año 2024 en materia de investigaciones internas, con una mirada a Europa y al otro lado del Atlántico.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece distintas obligaciones específicas para las organizaciones públicas y privadas españolas. El presente artículo examina los elementos clave de su contenido, con especial atención al ámbito de aplicación, los requisitos del Sistema Interno de Información a implementar por las organizaciones y su integración dentro de los Programas de Compliance. Asimismo, se analizan determinadas cuestiones interpretativas y operativas que continúan generando incertidumbre en su aplicación práctica.

Este artículo analiza el concepto de titularidad real en la regulación española y europea desde una perspectiva actual, y su proyección en el corto/medio plazo en un entorno dinámico donde la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales son elementos que amenazan el mercado común.

La actualización de las normas UNE 19601 e ISO 37001 en 2025 refuerza la función estratégica del Compliance en las organizaciones, promoviendo una cultura ética, una gobernanza sólida y una gestión proactiva de riesgos penales y de soborno. La UNE 19601 da un mayor peso al liderazgo y a la planificación del cambio, mientras que la ISO 37001 amplía su alcance hacia los factores ESG y los conflictos de interés. La certificación conforme a estas normas ofrece beneficios como mitigación de responsabilidad penal, acceso a licitaciones y financiación, mejora reputacional y alineación con expectativas del mercado. Supone un motor de transformación hacia un modelo de negocio ético, sostenible y competitivo.

Se efectúa un desarrollo, a modo de actualización jurisprudencial, de las sentencias más relevantes dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, exponiendo los aspectos más llamativos que es preciso tener en cuenta.

El artículo analiza críticamente la doctrina del TEAC sobre la remuneración del representante persona física de una sociedad administradora en filiales del mismo grupo. El TEAC considera que esta actividad en ningún caso forma parte de las funciones del administrador, lo que haría inaplicable la excepción del art. 18.2.b LIS y la consecuencia se tendría que establecer el valor de mercado de la remuneración que le correspondiera por su actuación del representante. En contra de lo sostenido por la resolución, esta actividad no puede considerarse totalmente ajena a la función de administrador. La práctica societaria y económica, la jurisprudencia y la especial naturaleza del representante persona física apuntan a que su actuación como tal puede formar parte de las funciones del administrador de la sociedad dominante. Eso deriva de que el representante asume las mismas obligaciones y responsabilidades que un administrador y de la interpretación finalista de la norma fiscal.

El artículo aborda la controvertida cuestión de si los jueces, magistrados y fiscales tienen derecho a huelga en España, examinando antecedentes históricos de huelgas dentro del sistema judicial y analizando el marco constitucional y legal. Para la autora, sin previsiones legales explícitas, no hay razones para excluir como titulares del derecho a huelga a los integrantes de la carrera judicial, mientras se asegure el mantenimiento de servicios esenciales.

La finalidad del presente trabajo se centra en realizar una descripción expositiva del Real Decreto 391/2025, de 13 de mayo, por el que se establecen los criterios de calidad y seguridad de las unidades asistenciales de radioterapia, identificando su objeto, las diferentes obligaciones establecidas en dicha norma (agrupadas por materias), las responsabilidades de los profesionales intervinientes y su eficacia temporal; todo ello con la finalidad de articular una herramienta útil para el desarrollo de las unidades asistenciales de radioterapia existentes en España.

En el artículo, las autores abordan cómo el diseño normativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del programa Next Generation EU, no contempla adecuadamente los retrasos en la ejecución de proyectos financiados por causas ajenas al beneficiario, lo que puede llevar al reintegro total de las subvenciones incluso cuando el objetivo se cumple fuera de plazo.

De este modo, a pesar de existir ciertos márgenes legales para aplicar el principio de proporcionalidad y evitar reintegros injustos, estos resultan insuficientes ante la complejidad de muchos proyectos, revelando una desconexión entre la normativa y la realidad práctica. Patricia e Isabel plantean la necesidad urgente de revisar este marco legal para evitar que los obstáculos administrativos o técnicos transformen el éxito material en un fracaso jurídico, afectando tanto la eficacia del plan como la confianza en las políticas públicas de fomento.

«Cabe preguntarse si no sería oportuno revisar este esquema y ampliar los sectores para los que, previo acuerdo con la Comisión Europea, ya se ha acordado una prórroga razonable de los plazos de ejecución. De lo contrario, podríamos estar ante un escenario de reintegros masivos que comprometerían no solo la eficacia del Plan RTR, sino la confianza en las políticas de fomento como instrumento de transformación. En definitiva, si el propósito era reconstruir mejor, quizá convenga también legislar mejor y adaptar la normativa a la realidad de la recuperación».

Las consecuencias de actos realizados por un consejero de una sociedad mercantil, aunque sea una empresa pública municipal, están sometidos al Derecho privado y no derivan del ejercicio de potestades administrativas sujetas al Derecho administrativo.

El art. 489.1.5° TRLC, en cuanto establece una exclusión general de la exoneración de los créditos públicos que no está debidamente justificada, se opone al art. 23.4 de la Directiva 2019/1023, sobre reestructuración e insolvencia, por lo que ha de ser inaplicado. Lo que supone la inclusión de todos los créditos públicos en el ámbito de la exoneración que se concede al deudor de buena fe.

Los bienes enajenados por el administrador no fueron los de las sociedades administradas, sino bienes de su patrimonio personal, por lo que para ser sancionados por delito de alzamiento de bienes debería declararse su condición de deudores.

La diferencia de trato de las situaciones de incapacidad temporal ordinarias por enfermedad común o por accidente de trabajo, de las situaciones de riesgo para el embarazo, la lactancia natural y nacimiento y cuidado de menor, tiene su justificación y la retribución solicitada no puede alcanzarse cuando no se presta servicio por baja médica.

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