¿Cómo impactan las previsiones de la Carta Social Europea en la regulación española de la indemnización por despido? ¿Qué campo han dejado abierto las sentencias de 23 de abril y 14 de julio de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social)? ¿Se prevé una reforma del Estatuto de los Trabajadores a la vista del pronunciamiento reciente del Comité Europeo de Derechos Sociales? Abordamos en un monográfico la cuestión de la indemnización por despido y sus posibles complementos adicionales a la luz de la regulación internacional y europea.

El presente trabajo se basa en la regulación de la buena fe procesal, abordando su importancia y marco normativo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se examina la mención de mala fe procesal de los abogados en la Memoria del Defensor del Pueblo de 2023, así como las reacciones y la posterior rectificación del mismo Defensor del Pueblo.

Juzgados ¿y si os tomáis un break? El presente artículo nos dará a conocer la existencia de la mediación como elección a la vía judicial a la hora de solventar cualquier disputa con el fin de obtener otro punto de vista diferente a la par que nos lleva a no saturar la vía judicial. La mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos sigue siendo esa gran ausente y desconocida para muchos.

El abogado fue de los primeros en denunciar estos hechos pocas horas más tarde del anuncio de Facebook e Instagram, el 23 de mayo. Días después se platearon denuncias coordinadas en toda Europa por una fundación.

No es exigible tanto probar la condición de la víctima, si era homosexual o no, sino si el sujeto activo así lo creía cuando cometió la agresión y esa fue la finalidad o razón de su ataque.

El art. 94.4 CC no es de aplicación supletoria al Código de Derecho Civil Foral de Aragón como limitación al régimen visitas que haya de ser establecido de acuerdo el propio Código Foral. Al regularse en su totalidad en este Código los efectos de la ruptura de la convivencia de los progenitores con hijos a cargo, queda excluida la aplicación de las normas de Derecho común.

Queda probada la falta de elementos de seguridad en la ventana que impidieran su completa apertura, que no fue comunicada al Ayuntamiento para su reparación, y la falta de supervisión de la alumna por el personal del centro en el momento de los hechos.

El juez saca los colores a la demandante al decirle que, como era delegada de prevención, podía haber instado a su empresa a mejorar la política de prevención de riesgos laborales.

Si bien la insuficiencia de ese personal puede integrar una “circunstancia extraordinaria” a efectos de permitir al transportista exonerarse de la obligación de compensar al pasajero, sin embargo, para ello es preciso que demuestre que tal circunstancia no habría podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables y que adoptó las medidas adaptadas a la situación capaces de evitar sus consecuencias.

Invasión competencial en la regulación del régimen de la vivienda protegida, la información que deben suministrar los grandes tenedores de viviendas en zonas tensionadas, la composición de los parques públicos de vivienda y la afectación finalista de ingresos procedentes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda y de la gestión de los bienes integrantes de los parques públicos.

La opinión expresada sobre un producto, mediante la realización de una reseña en la página web que lo suministra, no deriva de relación laboral alguna ni del ejercicio profesional o empresarial de una actividad, sino que se realiza en calidad de consumidor dentro de ámbito de la relación con obligaciones recíprocas que se establece entre los suministradores de los productos y el consumidor, constituyendo una ganancia patrimonial que se integra en la base imponible como renta general.

La salud mental es un asunto prioritario para el sector legal, en un entorno altamente demandante y en el que cada vez más trabajadores admiten tener problemas relacionados con su bienestar emocional.

La Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado, ha hecho esta afirmación durante su ponencia «Deconstrucción del Estado de Derecho» pronunciada en la última sesión del Ciclo de conferencias de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.

Los inspectores recuerdan que la "inseguridad jurídica" en torno a la plusvalía comienza con la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017, que admitió la posibilidad de que los ciudadanos pudieran acreditar situaciones de minusvalía, y por tanto, no estar obligados a pagar el impuesto, y advirtió expresamente de la necesidad de que se diera una correcta regulación del mismo.

Niega validez a la prueba obtenida por el vigilante de Seguridad que ordena a una empleada abrir su bolso sin requerir la presencia de algún representante legal u otra persona de la plantilla.

El abogado del caso asegura que la sentencia europea solo deja un camino al Supremo: hacer fijos a los temporales.

En el periodo analizado se registraron 43.580 mujeres víctimas y 45.899 denuncias, un 3,28 % y un 1,17 % menos que hace un año, respectivamente. Los órganos judiciales dictaron un 3,98 % más sentencias que hace un año, en total 15.479, de las que el 79,94 % eran condenatorias. Los órganos judiciales acordaron el 68,21 % de las órdenes de protección solicitadas, que sumaron 11.783. El número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar se redujo en un 16,44 % respecto al año anterior

La Sala estima que la sentencia supuso una vulneración de la tutela judicial efectiva de la acusación por falta de la debida motivación.