Tal como estaba previsto, el gobierno, por medio de la Secretara de Estado de Digitalizacin e Inteligencia Artificial, ha presentado a consulta pblica la Carta de Derechos Digitales de la ciudadana. El documento incluye una lista de 25 derechos y pone el nfasis en los mecanismos jurdicos necesarios para su proteccin. Como uno de sus aspectos ms destacados, incluye por primera vez en nuestro pas el reconocimiento de unos derechos especficos en relacin con el empleo de la inteligencia artificial y de las neurotecnologas.

El espritu alentado desde el considerando 7 por el Reglamento General de Proteccin de Datos incide en el diseo de un permetro protector elstico. Tal nota permea los ordenamientos nacionales, anticipando su conveniente adaptabilidad a realidades sociales cambiantes. El objetivo es configurar un marco flexible donde la seguridad jurdica y prctica acte de ingrediente social cohesivo, ante un futuro inminente en el que la Inteligencia artificial ir asumiendo roles protagnicos tangibles, coadyuvando al fortalecimiento de un grado superior de confianza mutua entre instituciones, empresas y ciudadana.

La Gua evala el impacto que pueden tener estas tecnologas en la proteccin de datos, poniendo de manifiesto los riesgos inherentes a las mismas, y seala las salvaguardas que deben implementar las Administraciones Pblicas.

Un 92 por ciento no utiliza una certificacin SSL (Secure Socket Layer) en su pgina web, a pesar de que el 60 por ciento asegura conocer el trmino.

Si bien concurren en este caso dos de los elementos que, segn la jurisprudencia, deben darse para que se pueda apreciar una infraccin continuada (ejecucin de una pluralidad de actos por el mismo sujeto responsable, prximos en el tiempo que obedezcan a una prctica homognea en el modus operandi, y unidad del precepto legal vulnerado), no ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigible (que la actuacin del responsable se haya llevado a cabo con dolo unitario, en ejecucin de un plan previamente concebido). Esto, junto a la no aplicacin retroactiva del Reglamento comunitario, que impide un pronunciamiento sobre la cuestin de inters casacional planteada, conduce al TS a desestimar el recurso y confirmar la sancin impuesta.

La Administracin ha incumplido su deber de proteccin de los datos especialmente protegidos, pues los accesos no estn relacionados con la patologa que ha provocado la baja laboral de la paciente y han sido realizados en su mayora por un profesional no autorizado por la interesada.

La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, no incorpora una regulacin sistemtica de los servicios electrnicos de confianza, sino slo algunos aspectos, como complemento del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio de 2014. Regula las obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios electrnicos de confianza, atribuye a los documentos electrnicos para cuya produccin o comunicacin se haya utilizado un servicio de confianza cualificado una ventaja probatoria y deroga la Ley de firma electrnica.

Regula el entorno controlado de pruebas que en el mbito europeo e internacional viene llamndose regulatory sandbox, que ampara la realizacin controlada y delimitada de proyectos tecnolgicos de innovacin en el sistema financiero, que pueda dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con incidencia sobre los mercados financieros, la prestacin de todo tipo de servicios financieros y complementarios o el desempeo de funciones pblicas en este mbito.

En su primera evaluacin del impacto del Reglamento UE 2018/302, sobre bloqueo geogrfico, en el mercado interior, la Comisin ha analizado las posibles repercusiones de su aplicacin a contenidos protegidos por derechos de autor, como series, msica, libros electrnicos o videojuegos.

La tramitacin guiada es un hecho y en el entorno judicial nos puede llevar a mejorar la productividad, eficacia y eficiencia en la administracin de justicia, garantizar la transparencia de los asuntos judiciales mostrando al administrado la situacin de su expediente en base a los hitos establecidos y, sobre todo, permitir que en los rganos judiciales se gaste energa en pensar en lo que es til y productivo, y no en pensar sobre algo ya establecido.

El departamento de Juan Carlos Campo dispondr de 2.144 millones de euros, de los cuales 1.604 corresponden a gastos de personal, que se incrementan un 6,6%. La Direccin General de Transformacin Digital articular y gestionar la inversin del ministerio en tecnologa.