La aparicin de situaciones crticas suelen poner a prueba la consistencia de cualquier organizacin, o incluso de todo un sistema, jurdico en este caso. En nuestra historia reciente, desde 1978, se han activado en dos ocasiones las previsiones de excepcin constitucional propias del estado de alarma. La primera, diciembre de 2010, para restablecer rpidamente la anormalidad que represent el cierre injustificado del espacio areo espaol. No puede emitirse igual valoracin positiva de la segunda y tercera declaracin del estado de alarma (Marzo y 0ctubre de 2020), para contener la grave crisis sanitaria ocasionada por el CVID-19. Su puesta en prctica, marzo sobre todo, ha dejado en evidencia las insuficiencias de la norma de cobertura (de 1981), y las deficiencias de su implantacin tan poco respetuosa con el rgimen de derechos fundamentales, en que la suspensin de la libre circulacin de las personas, no es el nico exponente. As mismo con el funcionamiento de los poderes c onstituidos encargados del control del ejecutivo tan potenciado en estos casos, y tambin con la distribucin de competencias en el Estado Autonmico. Se acaba por reconocer el protagonismo que corresponde a las CCAA, pero en un contexto de precariedad normativa necesaria para manejar lo que, por ahora, constituye un desbarajuste territorial en la gestin de la pandemia, cuya extraordinaria complejidad no debe silenciarse.

La pandemia actual ha evidenciado la enorme vulnerabilidad de quienes residen en centros gerontolgicos donde el porcentaje de mortalidad por Covid-19 ha superado todos los records imaginables. Por ello, se ha priorizado su vacunacin contra el coronavirus, pero tambin ha surgido un problema cuando la persona destinataria de la vacuna no puede prestar consentimiento para ello y quienes deben prestarlo por ella, se han negado a hacerlo contra el criterio mdico. En este artculo se analizan las primeras resoluciones judiciales dictadas al respecto a la luz del nuevo paradigma de la discapacidad impuesto por la Convencin de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Veintids propuestas interpretativas sobre la suspensin de desahucios regulados ahora por los artculos 1 y 1 bis de los reales decretos leyes 35/2020 y 11/2021.

Se trata de crear el concepto de acoso judicial-econmico como categora para tener en cuenta por las autoridades, sobre todo legislativas, y como primer paso para poner remedios al mismo. Aunque se apuntan algunas ideas en esa direccin, todava habr ocasin para ir diseando algunas ms contundentes. Es un trabajo que se enmarca dentro del Proyecto ECOVIO: Violencia econmica, un aspecto inexplorado de la violencia de gnero, financiado por la Unin Europea.

LA LEY Mercantil le ofrece uno de los artculos incluidos en su ltimo nmero publicado, en el que se analiza la situacin actual de la comunicacin de la inhabilitacin de los administradores sociales en el Derecho espaol y los posibles cambios que deberan realizarse en nuestra legislacin dadas las exigencias de la Directiva 2019/1151.

La Sentencia del Tribunal Supremo de9de noviembre del2020aborda aspectos importantes del derecho sancionador administrativo y plantea, a su vez, una cuestin jurdica de inters en relacin con el recurso de casacin.

Establece el Alto Tribunal que no puede identificarse el mbito objetivo del recurso contencioso-administrativo con el tipo y alcance de las medidas cautelares, pues stas pueden y deben ser todas aquellas que impidan que se frustre la finalidad del recurso contencioso administrativo, esto es, no cabe limitar la medida cautelar de suspensin nica y exclusivamente al acto impugnado en el proceso.

No cabe considerar enervada la accin ya que la renta que la arrendataria ha abonado es inferior a la fijada en el Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre, de la Generalitat de Catalunya.

Los principios de legalidad y tipicidad imponen una interpretacin restrictiva del precepto sancionador, por lo que debe limitarse a una indebida repercusin que se hubiera realizado, - nica y exclusivamente-, en una factura, y no en documentos distintos de los reflejados en el tipo infractor.

Este supuesto no se ha de tratar como una falta de llamamiento, sino como una falta de ocupacin efectiva tras el mismo. Derecho a que se les incluya en el ERTE o a la efectiva incorporacin en la empresa en la fecha sealada en el llamamiento.

La finalidad de la Ley 5/2021, de 2 de febrero, es el impulso y la dinamizacin demogrfica de Galicia mediante la coordinacin de las polticas en materia de apoyo a las familias, conciliacin de la vida familiar y laboral, apoyo a la juventud, retorno y atraccin de nueva poblacin, equilibrio territorial y promocin del envejecimiento activo y saludable.

El Pleno del TC ha declarado que el sistema de sanciones establecido en la Ley Orgnica del Rgimen Electoral General (LOREG) es constitucional porque no infringe el principio de seguridad jurdica del art. 9.3 CE y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidad al director de un peridico por la realizacin de una conducta expresamente prohibida en el art. 53 de la LOREG durante la jornada de reflexin no vulnera ni el derecho a la libertad de informacin del art. 20.1 d) de la CE ni el derecho a la presuncin de inocencia del art. 24.2 CE.

Contratacin, subvenciones, digitalizacin, planificacin estratgica y otros temas centrales en el proceso, como la colaboracin pblico-privada y los PERTE, se analizan detalladamente y con una visin aplicativa por parte de reconocidos expertos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgnica que regula la proteccin de los datos personales utilizados en las labores de prevencin, deteccin, investigacin o enjuiciamiento de infracciones penales, as como en la proteccin y prevencin frente a las amenazas contra la seguridad pblica. La LO se tramitar por el procedimiento de urgencia.

Se suma as a Ms Plurales, que tambin pidi amparo a la Eurocmara por considerar la Ley contraria a la Constitucin y a otras normas.

El Gobierno ha modificado la Ley de Ordenacin de Transportes Terrestres para incorporar un rgimen sancionador a la morosidad que se produce en el sector del transporte de mercancas por carretera, fijando en 60 das el plazo mximo de pago, en lnea con otros sectores de caractersticas similares.