Este trabajo analiza la reforma del recurso de casación civil contenida en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, actualmente en tramitación legislativa. Se examinan las principales novedades del Proyecto, identificándose las previsiones normativas que, a juicio del autor, debería ser corregidas antes de su aprobación definitiva por el Parlamento.

Análisis de las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que reforman el Código Penal, y su correlativa afección al catálogo de delitos por los que pueden ser responsables las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español.

El 5 de septiembre de 2022 se aprobó la Ley 16/2022 de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, el «TRLC»), cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 26 de septiembre de 2022. Son numerosas las novedades que introduce el TRLC, pero en este artículo nos centraremos en la renovada sección de calificación y el papel protagonista de los acreedores que, sin duda, pueden ocupar una posición mucho más beligerante que bajo el régimen anterior, lo que reforzará la conveniencia de que los órganos de administración cuenten con pólizas de seguro con coberturas suficientes para proteger sus intereses.

El efecto suspensivo del recurso impedirá la libertad de condenado hasta su resolución o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión. la expresión excarcelación referida a los recursos en materia de clasificación, pretende excluir el efecto suspensivo del recurso solo cuando de clasificación en primer o segundo grado se refiere, pero no cuando está en juego la concesión del tercer grado que implica la salida de prisión.

Concurrencia de culpas. La irrupción es plenamente imputable al poseedor del animal y causa fundamental del accidente, aunque el conductor de la moto contribuyó causalmente en un 30% por el ruido desorbitado producido por la motocicleta al pasar a la altura del animal.

Más allá de sus propias manifestaciones, no acredita la mecánica del accidente como causa de las fracturas costales que prueba haber padecido.

El trabajador impidió con sus actos que la empresa pudiese controlar la ejecución de la actividad por el tractor y de su conductor, ocasionando daños materiales a la empresa.

El Tribunal da la razón a la esposa e incluye los 53.000 euros que su ex marido había percibido como indemnización por despido improcedente en el activo ganancial, de cara a la liquidación del régimen económico.

La próxima sesión de ENCUENTROS LA LEY se celebrará el día 27 de enero. En este Encuentro, Ignacio García Perrote, Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dará respuesta a la multitud de cuestiones que se plantean al analizar dos importantes sentencias de dicho Tribunal: La STS 730/2022, de 14 de septiembre de 2022, sobre la extinción por causas objetivas del contrato de trabajo por finalización de contrata y la STS 917/2022, de 15 de noviembre de 2022, sobre el alcance de la garantía de indemnidad respecto a reclamaciones internas de la persona trabajadora ante la empresa previas a la interposición de una demanda judicial.

La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea (ICE) titulada «Article 4: Stop torture and inhuman treatment at EU borders» .

El Juzgado no tiene la obligación de notificarle dicha resolución denegatoria de la aprobación de un permiso porque no afecta a la seguridad de la víctima. Dicha resolución tampoco puede ser recurrida por la víctima, por lo que se desconoce qué indefensión se le pudo producir, si no afecta a su seguridad, no puede intervenir en el procedimiento con arreglo a la ley antes de su pronunciamiento, y tampoco puede recurrirla una vez dictada.

Pese a la extensión de los equipamientos tecnológicos que se ha producido en la última década, la brecha digital sigue diferenciando las posibilidades de acceso a la tecnología que tienen las personas con mayor poder adquisitivo frente a las más pobres.

La Inspección de Trabajo realizó el pasado 15 de noviembre una actuación coordinada a las cuatro grandes consultoras para comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales y las horas extraordinarias.