El pasado jueves 30 de noviembre, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, anunciaba la convocatoria de la “consulta” que definirá la representatividad de las organizaciones agrarias en Castilla y León. Precisamente ahí aparece una de las primeras diferencias con relación a las cuatro anteriores, las celebradas en 1997, 2002, 2007 y 2012, cuando se hablaba de elecciones a cámaras agrarias, ahora dada la evolución de las citadas entidades, parte de ellas desaparecidas, y siguiendo lo que dice la Ley Agraria se han pasado a denominar de esta forma, más en un cambio “estético” que otra cosa.

Más allá de los puestos en los distintos órganos colegiados, que es en el fondo lo realmente importante, aunque dudo mucho que un agricultor o ganadero de la región muestre el mínimo interés en saber quién le representa, por ejemplo en el Consejo de Políticas Demográficas de la Consejería de Empleo, lo que cala en el gran público es la representatividad que cada organización agraria alcance tanto a nivel provincial como en el regional.