Los perjuicios que pueda padecer quien ha reclamado sus derechos laborales a consecuencia de ello vienen siendo conjurados por la garantía de indemnidad, ampliamente interpretada por la jurisprudencia constitucional y ordinaria.

La LO 5/2024 ha querido sintonizar con esa visión expansiva acerca del alcance que el articulo 24 CE posee, incluso en casos en que no ha habido ni siquiera una preparación de actividad jurisdiccional. La nulidad de la decisión empresarial (de forma emblemática, un despido) aparece como consecuencia inesquivable si se han aportado indicios de que obedece a la previa reclamación (propia o ajena), o de que existe un enlace lógico (incluso sin ánimo de perjudicar).

El autor pasa revista a los principales criterios que había sentado la jurisprudencia y los concuerda con el nuevo texto legal, cuyo alcance centra.

Los requisitos de procedibilidad derivados de los MASC y el nuevo régimen de las costas procesales de la LO 1/2025, de 2 de enero, exigen, en pro de la seguridad jurídica, una labor hermenéutica de unificación de criterios en aquellos puntos en que la norma presenta lagunas, para esclarecer conceptos indeterminados, toda vez que su aplicación afecta al derecho de acceso a la jurisdicción.

En este sentido, sería conveniente que las instituciones competentes (CGPJ, Juntas de Jueces, Secretarias de Gobierno y Ministerio de Justicia, entre otras), en colaboración con la Abogacía española, promoviesen guías prácticas y pautas interpretativas. Aunque sabemos que estas iniciativas no serían jurídicamente vinculantes para los Tribunales, ejercerían de facto una influencia determinante en el modo de aplicación de la norma y redundarían en el interés general.

La Sentencia 316/2025 del Tribunal Supremo supone un punto de inflexión en la intensa litigiosidad que afecta a los proyectos eólicos en Galicia. El tribunal reitera su doctrina sobre el trámite de información pública y precisa que el hecho de que varios parques compartan infraestructuras de evacuación no determina, por sí solo, la existencia de un único proyecto a efectos ambientales, como venía sosteniendo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La Constitución de 1978 configura un Tribunal Constitucional al margen de la jurisdicción ordinaria cuya composición obedece a un sistema de designación reforzado de mayorías parlamentarias que inevitablemente refleja la tendencia política dominante y cuestiona la debida imparcialidad de sus magistrados. La naturaleza de este tribunal ha sido objeto de debate doctrinal tradicionalmente, aunque en los últimos tiempos su legitimación se está viendo seriamente comprometida a causa de las injerencias políticas.

En este contexto, la cooptación del tribunal mediante nombramientos afines al Gobierno resulta contrario a la voluntad constituyente y acarrea el riesgo de erigirse en mayor medida en un instrumento de validación política, en lugar de constituir un verdadero contrapeso institucional. Con tal objeto, es imprescindible que el Tribunal Constitucional ejercite sus competencias bajo la máxima de la autocontención, limitando su actuación a la interpretación estricta del texto constitucional evitando crear jurisprudencia expansiva que pueda favorecer intereses coyunturales.

Los «Programas de Clemencia» y su normativa de desarrollo constituyen en la actualidad una herramienta procedimental básica para destapar prácticas anticompetitivas. Estos Programas pueden ser aplicados en el ámbito administrativo y en la jurisdicción civil-mercantil, dentro del ámbito nacional, comunitario e incluso internacional, en un mercado globalizado. Pero, no sólo en el ámbito comercial/mercantil sino también penal en el marco de la ahora denominada «Justicia Restaurativa» que instaura la recién promulgada Ley Orgánica 1/2025. En el presente artículo se analiza la primera sentencia nacional que aplica la excusa absolutoria del apartado tercero del artículo 262 del Código Penal.

Debe ser el orden penal el que conozca de las liquidaciones vinculadas a delito precisamente por su vocación instrumental; se trata de liquidaciones vinculadas a un delito contra la Hacienda, y no de delitos vinculados a las liquidaciones, y hay tutela judicial en la vertiente de acceso a la justicia, ya sea ante el orden penal -si trae su causa en una liquidación vinculada a delito- o bien contencioso-administrativa, si se trata de aquellos hechos separables, o si no recae condena penal por causa distinta a la inexistencia de obligación tributaria.

No se le puede forzar a aceptar una reparación que, aunque sea económicamente viable, no ofrece las necesarias garantías desde el punto de vista técnico al proceder de desguaces. Para garantizar que el vehículo quede en el mismo estado que tenía antes del accidente es imprescindible que las piezas que vayan a emplearse en la reparación sean piezas suministradas por el fabricante o en su defecto otras que cumplan las mismas especificaciones y garantías técnicas.

Un "intento de notificación" implica que la Administración realiza todos los actos necesarios para que el interesado tenga legal conocimiento del acto administrativo que se intenta notificar y los que efectuó el órgano de aplicación de los tributos por medios no electrónicos respondieron a ello, por lo que no sirven para afirmar un exceso de plazo que invalide la regulación de IVA.

No consta acreditado que la madre actuara con intención de lesionar a su hijo menor, pues no buscó el enfrentamiento.

Se infringió el principio de minimización de datos y se actuó sin la debida diligencia, en cuanto para acreditar la identidad hubiera sido suficiente mostrar el documento, sin necesidad de fotografiarlo, ni hacerlo, a mayores, con el móvil personal de un empleado y sin informar del tratamiento de los datos.

Vivimos rodeados de distracciones que hay que tener bajo control con algunos trucos y sistemas para organizar uno de los recursos más valiosos de los que disponemos.

La abogacía debe ser la encargada de implementar el marco regulatorio que se ha desarrollado tanto a nivel internacional como nacional en cuestiones vinculadas a la Inteligencia Artificial, tal y como se señaló en la primera sesión de la Gira de Derechos Digitales que tuvo lugar este jueves en el Colegio de Abogados de Pamplona.

El proyecto de real decreto, que ha analizado la CNMC, establece medidas para prevenir el tabaquismo e introduce varias novedades.

Los envases tendrán una apariencia uniforme y los cigarrillos electrónicos no podrán contener aromas o sabores distintos al tabaco.

Se regularán dos nuevos productos: las bolsas de nicotina y los productos a base de hierbas calentadas.

Algunas medidas afectan a la libertad de empresa, por lo que deberían justificarse bajo los principios de buena regulación e incluirse en una norma con rango de ley.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sus homólogos de Italia, Chipre, Grecia y Malta han instado a la Unión Europea (UE) a incrementar la financiación en prevención migratoria, una petición que ha quedado plasmada en una declaración conjunta tras la reunión del grupo que conforman los cinco países (el MED5) y que ha finalizado este sábado en Nápoles (Italia).

Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros; las graves, con multa entre 2.001 y 60.000 euros; y las infracciones muy graves serán sancionadas con multa entre 60.001 y 500.000 euros.

El artículo 50 de la Constitución Española que garantiza las pensiones dignas es vulnerado por el propio sistema.

En su exposición de motivos, la iniciativa plantea acometer “una serie de medidas entre las que se encuentra establecer como causa legal de disolución de las asociaciones la consistente en realizar actuaciones públicas que supongan apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes.

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