El gobierno de El Salvador logró esta semana el tan esperado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que logra un programa de financiamiento por $1,400 millones a cambio de un ajuste fiscal y reformas para volver al bitcoin de uso voluntario.
El acuerdo, fruto de casi cuatro años de negociaciones y que está sujeto a aprobación del Directorio Ejecutivo, se estructuró en el marco del del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que brinda asistencia financiera a los países que sufren graves problemas en la balanza de pagos a mediano plazo que impide el crecimiento económico.
A través de un comunicado, el FMI detalló que un equipo técnico -encabezado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador- sostuvo reuniones con las autoridades salvadoreñas entre el 5 y el 14 de diciembre de 2024.
El acuerdo, estructurado para 40 meses, busca atender las “necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno”, sostuvo el equipo técnico, que advirtió que el programa está condicionado a la “implementación de las acciones previas acordadas”.
Además, el acuerdo facilitará el financiamiento de $3,500 millones otorgados a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como las instituciones regionales como el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
Entre las claves del acuerdo se contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) durante tres años, para situar a la deuda pública en una “firme senda descendente”.
Un ajuste fiscal requiere reformas drásticas para aumentar los ingresos al fisco al tiempo que reduce el gasto público. El FMI explicó que la primera etapa será de 1.5 % del PIB en 2025, con algunas medidas ya incluidas en el presupuesto general de la nación aprobado a través de una reducción de la masa salarial, el gasto en bienes y servicios, y las transferencias a los municipios.
Los esfuerzos adicionales se centrarán en reformas para la eficiencia de la función pública, la viabilidad del sistema de pensiones y los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal, así como una mayor reducción en el costo del endeudamiento.
Además, el gobierno se comprometió a implementar una reforma al artículo 7 de la ley bitcoin para que su aceptación sea voluntaria por parte del sector privado. Además, se reformará el artículo 4 para eliminar la disposición sobre que los impuestos se pueden pagar con bitcoin y se establecerá que solo se podrá con dólares.
Además, el gobierno anunció que venderá o liquidará al monedero estatal Chivo tras el acuerdo técnico con el FMI, según anunció la directora de la Oficina de Bitcoin, Stacy Herbert.
De igual manera, “se mejorará la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales” para salvaguardar la estabilidad y la integridad financiera, indicó el FMI.
El acuerdo también contempla “esfuerzos tempranos” para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, así como la publicación en canales oficiales de información sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales y los contratos públicos, con “transparencia sobre los beneficiarios fiscales".
Las “primeras reformas” se centrarán en un marco sólido de lucha contra la corrupción y mejoras en los mecanismos de Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Para mejorar el clima de negocios, se contemplan esfuerzos para reducir la burocracia, así como la modernización de las infraestructuras y la adaptación al cambio climático.
Asimismo, se incluyen medidas para mejorar los colchones fiscales y del sector financiero con un “esfuerzo temprano” en el marco de liquidez de los bancos para apoyar la cartera de créditos al sector privado.
Las reservas de liquidez de los bancos pasarán de un 11.5 % exigido actualmente a un 15 % para finales de junio de 2026.
El financiamiento otorgado por el FMI fortalecerá las reservas brutas del Banco Central de Reserva (BCR) para reforzar su capacidad de enfrentar crisis. Además, se avanzará en reformas para adoptar normas de Basilea III sobre supervisión de riesgos.
