Privacidad y proteccin de datos en el rastreo de contactos para la lucha contra el COVID-19; Hacker tico: el profesional frente a quienes aprovechan la Covid-19 para cometer fraudes o estafas online y ciberataques; Luces y sombras del Estado algortmico de Derecho; Una aproximacin a los algoritmos desde el derecho de la competencia; Inteligencia artificial y transparencia; La nueva estrategia europea sobre el dato y la inteligencia artificial. Foto fija de un diseo en evolucin...

El nmero 5 de la Revista de Derecho Digital e Innovacin se ocupar de los temas que hoy estn sobre la mesa en relacin con el derecho digital y la innovacin. En este caso, adems, con una especial atencin al Covid-19 y a la inteligencia artificial, que sin duda va a suponer, y ya lo est siendo, uno de los grandes retos que los juristas y tcnicos tienen ante s en el marco del desarrollo de la sociedad digital, que tras el coronavirus, parece que ha llegado para quedarse de modo generalizado y no solo en el marco de ciertos sectores estrechamente relacionados con el ocio y el entretenimiento y los intereses del mercado.

El rastreo de contactos de infectados por el coronavirus, a travs del uso de la tecnologa y dispositivos mviles est adquiriendo gran relevancia en la fase de vuelta a la normalidad post-Covid-19 y de levantamiento de las medidas de restriccin de movimientos, como instrumento que ayuda a mitigar la difusin del virus. Existe un consenso generalizado de que la tecnologa bluetooth de bajo consumo energtico (BLE) es ptima para este fin. A su vez, implica una serie de retos en el mbito de la privacidad y proteccin de datos, a los que tanto el regulador, como diversos actores polticos, investigadores y compaas tecnolgicas estn dando respuesta.

La pandemia por Covid-19 ha implicado, en muchos casos, una digitalizacin forzosa y un aumento del uso de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) que ha sido aprovechada por los ciberdelincuentes. Identificar vulnerabilidades en un sistema de informacin o intentos de fraudes, tales como el phishing, son actividades esenciales en las que el hacker tico ayuda a las organizaciones a mejorar la seguridad de la informacin. Por tanto, esta figura ha sido esencial para frenar acciones ilcitas y lo seguir siendo.

En las ltimas dcadas, los Estados dependen cada vez ms de programas y algoritmos para ejercer sus potestades pblicas. Sin embargo, se ha demostrado que la transformacin digital de los Estados tiene aspectos sin resolver. Los estudios acadmicos y procesos judiciales recados al respecto han revelado un patrn pernicioso de resultados extraos e ininteligibles en el empleo de sistemas automatizados de toma de decisiones, que, en los casos ms extremos, desembocan en absurdos algortmicos. Sin embargo, la respuesta no es negar a los Estados el acceso a la tecnologa automatizadora. Este artculo apunta hacia una visin positiva de lo que hemos bautizado como el Estado algortmico de Derecho, que adopta herramientas automatizadas slo cuando stas mejoran, en lugar de socavar, los fundamentos de la legitimidad de los Estados democrticos.

Los algoritmos son unos elementos que mejoran la eficiencia de la gestin de las organizaciones, pues permiten gestionar grandes cantidades de informacin y extraer, en base a unos parmetros, decisiones empresariales sin supervisin humana. Una eventual ausencia de control previo en el funcionamiento de esta tecnologa podra llevar a la empresa a incumplir la normativa sobre competencia.

El artculo reflexiona sobre las implicaciones del uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en los procesos de toma de decisiones, con especial atencin al mbito pblico en un momento en que su regulacin es todava prcticamente inexistente. Se subrayan los retos que puede plantear la inteligencia artificial, que es capaz de aprender a partir de los datos que se le suministran en particular frente a los colectivos ms vulnerables que pueden verse perjudicados por su utilizacin en mbitos como la justicia, la seguridad, los beneficios sociales, etc., etc., forma de sesgos, discriminacin, arbitrariedades y falta de control. Se destaca el importante papel que puede jugar la transparencia como herramienta fundamental para la exigencia de rendicin de cuentas. Se analiza el primer caso que se ha planteado en Espaa y que ha sido resuelto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y se plantean las posibilidades del derecho de acceso a la informacin pblica en ese mbito. Por ltimo, se hace referencia tambin a la incipiente regulacin de los procedimientos totalmente automatizados en la Ley 39/2015 y a los requisitos que recoge esta norma para aquellos supuestos donde no intervienen los seres humanos.

El 19 de febrero de 2020 la Comisin Europea present la nueva estrategia del dato y la inteligencia artificial que ha de regir la futura regulacin de esta tecnologa en la Unin. Se trata de una estrategia que dar paso a nuevas normas europeas, cuyo efecto sobre los ciudadanos y la economa sern, sin duda, muy relevantes. En este artculo repasamos los hitos que han conducido hasta este momento y el contenido de la nueva estrategia.

En el contexto mundial de pandemia producto del Coronavirus SARS-CoV-2, los gobiernos del mundo se han visto forzados a tomar medidas para restringir la circulacin del virus, reduciendo la denominada curva de contagios y as evitar que el sistema sanitario colapse por la enfermedad COVID-19. En este escenario el Gobierno Nacional de la Republica Argentina ha tomado la decisin de declarar el aislamiento social obligatorio y la suspensin de los plazos administrativos, entre otras. La Agencia de Acceso a la Informacin Pblica argentina ha emitido la Resolucin 70/2020 estableciendo los alcances de dicha suspensin en el mbito de su competencia tcnica. El presente artculo tiene por finalidad analizar la razonabilidad de la mencionada resolucin as como tambin qu procedimientos y plazos se encuentran alcanzados por sus disposiciones.

Desde que la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a irrumpir en el mbito de la justicia, una nueva revolucin se ha puesto en marcha. La inteligencia artificial promete reducir las tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, acelerar los procedimientos judiciales, facilitar el trabajo de los jueces y de todos los actores de la Justicia y alcanzar decisiones judiciales ms fiables y justas. El empleo de algoritmos por la judicatura, la explotacin masiva de datos judiciales o los sistemas de aprendizaje automtico plantean muchas cuestiones y presentan un verdadero desafo para la Justicia y para el ejercicio de la Abogaca. As, principios esenciales como el principio contradictorio o la igualdad de armas pueden verse seriamente afectados por la utilizacin de la inteligencia artificial.

El objetivo del presente artculo no es, por razones obvias, pormenorizar en la interceptacin de las comunicaciones electrnicas desde la ptica del Derecho Penal, sino ofrecer, tomando como muestra la reciente sentencia del Tribunal Supremo nm. 87/2020, de 3 de marzo, sobre la accesibilidad policial al registro de llamadas del terminal de una persona detenida, las pinceladas suficientes que ayuden a contextualizar el uso del telfono mvil en el lienzo jurdico y los retos que supone el progreso de tales aparatos tecnolgicos no solamente para el Derecho punitivo, sino para el Derecho en su perspectiva ms amplia, dada su transformacin desde su inicial configuracin como un aparato para realizar llamadas de voz inalmbricas a una herramienta multidisciplinar que conjuga una cmara de fotos y vdeos, un terminal de geolocalizacin y multitud de aplicaciones sobre un potente ordenador miniaturizado que implican transcendentales aspectos de proteccin de datos personales y de la privacidad del usuario.

Se analiza la sentencia de la Corte de apelaciones del Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin, en el caso del Estado de Wisconsin contra Eric L. Loomis, por tratarse de uno de los primeros ejemplos del enjuiciamiento de las consecuencias de las decisiones algortmicas en el mbito judicial.

El libro se propone dar respuesta a interrogantes tales como de qu manera podemos decir que el software, y ms especficamente los algoritmos, dan forma a la vida cotidiana y a la comunicacin en red o qu son los algoritmos y por qu deberamos preocuparnos por sus posibles efectos.

Estamos ante laversin revisada y actualizada de la obraque probablemente mayor influencia ha ejercido en el negocio de abogaca durante los ltimos aos. Unde autntico clsico, en el sentido de obra de plenitud de su autor, como demuestra el quetoda ella est llena de ideas y consideraciones que hemos escuchado o ledo despus, en boca o de pluma de otros. Suobjetivoes ofrecer a los abogados del maana y a los profesores de Derecho una relacin accesible de los retos urgentes que las profesiones jurdicas y el sistema de justicia deben hacer frente.

Cuando se produce la anulacin de un plan general, no slo se malogra el esfuerzo de tantos aos de trabajo, sino que la inseguridad jurdica y la incertidumbre econmica se ciernen sobre las actuaciones que de l dependen y se pasa a un nuevo escenario regulatorio presidido por el viejo planeamiento que ya haba sido superado.

La Sentencia del TJUE arroja numerosas dudas sobre su efectividad prctica, dejando adems irresolutas el alcance que debern tener las medidas destinadas a prevenir el abuso de la contratacin de duracin determinada, y hasta qu punto dichas hipotticas medidas pueden estimarse suficientes para prevenir la temporalidad en el empleo. El TJUE vuelve a dejar en manos de los tribunales nacionales la valoracin sobre si las medidas previstas en nuestro ordenamiento se ajustan a los estndares de proteccin exigibles y contemplados en la Clusula 5 del Acuerdo Marco. Dicha devolucin plantea numerosas dudas pues incluso el TJUE descarta que el argumento principal que era la conversin de temporal en indefinido cumpla sobradamente tales exigencias. Lo anterior generar numerosos problemas de aplicacin, y acelera la necesidad de una propuesta legislativa en este sentido.

El autor se aprovecha de la natural incapacidad de reaccin defensiva de las vctimas, como personas ms vulnerables y por ello, ms necesitadas de proteccin, de forma que la muerte alevosa de un nio siempre ser ms grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan.

Excepcin a la competencia de los rganos jurisdiccionales del Estado en el que resida habitualmente el menor en el momento en que se presenta el asunto ante el rgano jurisdiccional.

El trabajador, conductor del Servicio de Prevencin y Extincin de Incendios, tiene la obligacin de permanecer en el lugar de trabajo durante el periodo de descanso, sujeto a la posibilidad de recibir rdenes del empresario, por lo que debe considerarse tiempo de trabajo.