Con la reforma de la LOVG producida por la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, se pretende —con la necesaria intervención de las administraciones públicas— la integridad de la reparación de los daños sufridos por las víctimas de violencia de género. Dentro de la tipicidad de los daños incluidos en la recién estrenada normativa, el llamado daño social encuentra carta de naturaleza como daño autónomo respecto de otros daños no patrimoniales. Todavía no existen muchas resoluciones judiciales que indemnizan este daño social como separado, básicamente del daño moral, pero, tras la actual regulación sería muy conveniente su fijación y reparación independientes.

La utilización del término «la eficiencia de la justicia» presenta diferentes dimensiones. En su vertiente técnica, este concepto opera como instrumento de medición del rendimiento de los juzgados y tribunales. La econometría pretende ofrecer, así, la posibilidad de valorar, desde la realidad empírica, un sistema tan complejo a nivel humano y material como es el de la Administración de justicia. Por eso, las instituciones europeas y nacionales muestran un creciente interés en recabar datos cuantitativos sobre «la eficiencia de la justicia», calculada a partir de indicadores o parámetros objetivos como el número de asuntos ingresados y resueltos en un determinado período o el tiempo de tramitación de los mismos. La interrelación o medición comparada de dichos indicadores aspira a servir, además, para identificar las patologías presentes en un determinado sistema. En el caso del sistema judicial español, los datos resultan preocupantes, revelando un alto grado de ineficiencia. Sus causas, sin embargo, no son tan claras como pudiera parecer a primera vista.

La relación laboral especial del servicio del hogar familiar se ha regulado en nuestro derecho por el RD 1620/2011 de 14 de noviembre. Recientemente, por RDL 16/2022 de 6 de septiembre, se ha modificado dicha normativa para adecuarla a los tiempos actuales, impulsados por la vinculación al derecho comunitario y la búsqueda de una mayor protección del colectivo de trabajadores que resulta afectado. En el presente trabajo se analizan las principales novedades introducidas por esta reforma.

La reciente Sentencia núm. 132/2022, de 29 de julio de 2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La Coruña número 3 resulta de gran relevancia para el sector eléctrico en la medida en que reconoce el derecho subjetivo de los promotores de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables a acceder a información catastral protegida para elaborar la relación concreta e individualizada de bienes y derechos susceptibles de expropiación que aquellos están obligados a realizar para la obtención de la declaración de utilidad pública de la instalación, por virtud del artículo 55.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, sin necesidad de contar con el consentimiento expreso de los titulares catastrales, por estimar que aquel precepto implícitamente excluye dicho consentimiento a los efectos establecidos por el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

La trabajadora no tuvo la posibilidad de tener la fehaciencia de que se había extinguido su relación laboral al estar ingresado en una residencia su empleador, desconociéndose si fue a prestar otros trabajos en el domicilio de aquel.

Preclusión de alegaciones y cosa juzgada. No depende de la voluntad de la parte el cumplimiento de las exigencias legales, que en este caso impiden la incoación de dos procedimientos sucesivos para la obtención de una condena dineraria (art. 219.1 LEC) y el ejercicio de acciones con reserva de liquidación (art. 219.3 LEC).

Comunicó que obedecía a motivos personales cuando en realidad estaba motivada por discrepancias con el consejo sobre una alianza estratégica suscrita con otra empresa del sector.

El mero hecho de enviar a los empleados a trabajar a su casa por la tarde no habilita la supresión de los comedores, cuando ninguna norma alguna estatal ni autonómica impuso el cierre de estos a las empresas.

Se pena como delito de trato degradante la ocultación del cadáver, se regulan las estafas y la falsificación de monedas virtuales, se prevén programas de clemencia para directivos y otros empleados que colaboren con la justicia, se tipifica la contratación de falsos autónomos, se modifica la malversación, se suprime la sedición, se reforman los desórdenes públicos, el contrabando y se inhabilita procesalmente el periodo navideño.

Lo que hasta ahora se consideraba sanción administrativa, con este nuevo delito incluido en el Código Penal, se castigará con penas de prisión a quienes impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa.

Se permite que la clientela lleve sus propios envases y que los establecimientos de comercio minorista puedan reutilizar algunos de sus envases, siempre que estos cumplan con las condiciones de higiene y la normativa correspondientes.

En materia de protección de los trabajadores, serán de aplicación las normas contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la normativa que la desarrolla, sin perjuicio de lo establecido en este reglamento.

En los supuestos de arrendamiento inmobiliario de corta duración celebrados al margen del ejercicio de una actividad empresarial el Derecho de la Unión no se oopone a la obligación de recoger información ni a la retención en la fuente sobre los ingresos por un régimen fiscal nacional. Sin embargo, la obligación de designar un representante fiscal constituye una restricción desproporcionada a la libre prestación de servicios.

El sector de los eSports se encuentra en plena expansión, lo que augura su pronta consolidación como una de las principales industrias de contenidos de entretenimiento del planeta. Esta monografía realiza una aproximación a sus aspectos legales.

El Tribunal Supremo ha concedido una pensión compensatoria de 1.100 euros mensuales sin límite temporal para una mujer divorciada de 55 años por sus limitadas opciones de acceder al mundo laboral.

Mujer, de entre 16 y 34 años, con contrato temporal en la agricultura o los servicios y que vive en Andalucía, el perfil del mayor beneficiado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado que la nueva Ley de Empleo no transferirá la gestión de las prestaciones públicas de desempleo a las comunidades autónomas, una afirmación vertida desde el PP y que la ministra ha calificado como "inveraz".